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Martes, 02 de junio 2026
Ley de Modernización Laboral
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Especialistas analizaron las nuevas reglas para las licencias médicas, las modificaciones en la liquidación de haberes y el mecanismo que reemplazará el esquema tradicional de indemnizaciones.
Las Estaciones de Servicio deberán prepararse para una serie de cambios administrativos que modificarán parte de la gestión diaria de sus recursos humanos. La reglamentación de distintos capítulos de la Ley de Modernización Laboral ya fue publicada y, aunque todavía quedan normas complementarias por conocerse, el sector comenzó a analizar cómo impactarán las nuevas disposiciones en la operatoria de cada empresa.
Los decretos 407, 408 y 409 introducen modificaciones que abarcan desde la forma de emitir recibos de sueldo hasta la presentación de certificados médicos, pasando por nuevos procedimientos electrónicos y cambios vinculados a la registración laboral.
Uno de los puntos que más llama la atención es el nuevo formato de recibo salarial. A partir de la implementación de la medida, el documento deberá mostrar de manera mucho más transparente el costo total que representa cada trabajador para la empresa.
Además del salario percibido por el empleado, aparecerán discriminados aportes, contribuciones patronales, retenciones y otros conceptos que forman parte de la estructura laboral. El objetivo es que cada persona pueda conocer con mayor claridad la diferencia existente entre el monto que recibe mensualmente y el costo total asumido por el empleador.
Otra novedad importante está relacionada con las licencias médicas. La reglamentación establece la utilización obligatoria de recetas digitales para justificar ausencias laborales por cuestiones de salud.
La medida apunta a mejorar los controles, facilitar la trazabilidad de los certificados y reducir controversias entre trabajadores y empresas. En actividades con planteles numerosos y funcionamiento permanente, como ocurre en muchas Estaciones de Servicio, el seguimiento de este tipo de documentación suele representar una tarea sensible para las áreas administrativas.
La digitalización también llegará a numerosos trámites que hasta ahora requerían procedimientos presenciales o documentación física. Distintas comunicaciones vinculadas a la relación laboral podrán realizarse por medios electrónicos, profundizando una tendencia que ya comenzó a extenderse en diferentes organismos públicos y privados.
La reglamentación también incorpora cambios vinculados con los convenios colectivos de trabajo. Entre otros aspectos, establece pautas para la renegociación de acuerdos vencidos, fija criterios para determinadas contribuciones obligatorias y define mecanismos de participación de sindicatos y cámaras empresarias en futuras discusiones sectoriales.
Otro capítulo apunta a facilitar la incorporación al sistema formal de trabajadores que actualmente se encuentran fuera de los registros laborales. El esquema contempla beneficios para ambas partes y busca generar condiciones más accesibles para regularizar situaciones pendientes.
Según explicó a Surtidores el abogado laboralista Julián De Diego, la reforma tiene un alcance mucho más amplio que el debate generado alrededor de las indemnizaciones y sostuvo que muchas de las modificaciones impactarán directamente sobre la gestión cotidiana de las empresas.
Dentro de ese paquete aparece también el denominado Fondo de Asistencia Laboral, una herramienta destinada a financiar indemnizaciones por despido y otras modalidades de extinción de la relación laboral.
A diferencia de otros modelos, el esquema funcionará mediante cuentas individuales. Cada empleador realizará aportes en una cuenta propia y esos recursos quedarán reservados para afrontar futuras desvinculaciones.
Por su parte, Francisco Berdaguer, abogado especializado en asesoramiento a Estaciones de Servicio, recordó que el sistema comenzará a regir formalmente el 1 de noviembre, aunque todavía faltan numerosas disposiciones operativas para completar su implementación.
El profesional explicó a este medio que la reglamentación delegó en la Secretaría de Trabajo y en ARCA la elaboración de normas complementarias necesarias para poner en funcionamiento el mecanismo. Por esa razón, aclaró que por el momento las empresas deben continuar operando bajo las reglas actuales.
Cuando el régimen entre en vigencia, cada empleador deberá abrir una cuenta en una entidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Posteriormente recibirá un identificador específico que deberá informar a ARCA para incorporarse formalmente al sistema.
Las entidades administradoras tendrán la obligación de garantizar la correcta identificación de cada cuenta, registrar los movimientos realizados, asignar rendimientos y gestionar digitalmente las solicitudes vinculadas con el uso de los fondos acumulados.
Tanto Berdaguer como De Diego coinciden en que todavía quedan definiciones relevantes por conocer. Sin embargo, consideran que la reforma marca el inicio de una etapa caracterizada por una mayor digitalización, nuevas obligaciones informativas y procedimientos diferentes para administrar las relaciones laborales.
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