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El nuevo marco regulatorio introdujo cambios en el sistema de transporte de gas para asegurar abastecimiento continuo y aportar previsibilidad a la industria.
El sistema energético argentino ingresó en una nueva etapa y, con él, cambian las condiciones de operación para el sector del Gas Natural Comprimido. La publicación conjunta de las resoluciones impulsadas por la Secretaría de Energía y el ente regulador no solo reordena el esquema de transporte, sino que también establece un punto de inflexión para las estaciones de carga: el suministro pasa a ser considerado prioritario e ininterrumpible.
Según explicó a Surtidores el asesor legal de la Asociación Estaciones de Servicio, Luis Navas, el nuevo marco normativo introduce un nivel de previsibilidad que el sector venía reclamando desde hace años. “Se trata de un cambio estructural que despeja incertidumbres y fortalece la seguridad jurídica de las Estaciones de Servicio”, señaló.

El rediseño responde a una transformación profunda en la matriz de abastecimiento. La caída del gas proveniente de Bolivia y de la Cuenca Noroeste obligó a reconfigurar el sistema, que hoy depende en forma casi exclusiva de la producción de Vaca Muerta. Esta nueva lógica implicó obras de infraestructura y adecuaciones técnicas, como la reversión del Gasoducto Norte y la puesta en funcionamiento del Gasoducto Perito Moreno, que modificaron el sentido histórico de circulación del fluido.
En ese contexto, el Gobierno avanzó con las Resoluciones 66/2026 y 409/2026, que según Navas, establecen las bases de un sistema reorganizado y más eficiente. El aspecto más relevante para el segmento del GNC es la ratificación de su inclusión dentro de la denominada “demanda ininterrumpible”, lo que lo ubica al mismo nivel de prioridad que los usuarios residenciales y los servicios esenciales.
En términos prácticos, esto implica que las estaciones de carga con contratos firmes no podrán ser interrumpidas durante los picos de consumo, incluso en los meses de mayor demanda invernal. Para sostener este esquema, la normativa obliga a las distribuidoras a contratar capacidad de transporte firme por un plazo mínimo de diez años, garantizando así que el sector cuente con respaldo estructural en el largo plazo.
Otro de los puntos centrales es la adaptación del sistema a la nueva dirección del flujo de gas. Durante décadas, el abastecimiento se realizaba desde el norte hacia el centro y sur del país. Hoy, con el protagonismo de la Cuenca Neuquina, ese recorrido se invirtió. Para evitar que esta modificación afecte los derechos de abastecimiento ya adquiridos, el ente regulador incorporó mecanismos específicos de intercambio y desplazamiento con carácter firme.
“Esto asegura que, aunque el gas ya no circule físicamente por las mismas rutas, las estaciones mantengan intacto su derecho contractual a recibir el volumen comprometido”, explicó Navas. De este modo, se busca evitar distorsiones operativas y garantizar continuidad en el suministro.

En paralelo, se abre la puerta a un reordenamiento de costos dentro del sistema. La unificación operativa apunta a optimizar el uso de la infraestructura y mejorar la eficiencia del transporte, lo que podría reflejarse en los cuadros tarifarios. Sin embargo, desde el sector aclaran que el impacto en el precio final del GNC sería acotado, dado que el componente de transporte y distribución representa una porción limitada dentro de la estructura total.
A esto se suma la expectativa de ajustes en las condiciones comerciales por parte de las empresas proveedoras de gas, lo que podría contribuir a moderar eventuales variaciones en el surtidor. En cualquier caso, el foco de la normativa no está puesto en el precio inmediato, sino en garantizar abastecimiento continuo y reglas claras para todos los actores.
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