Tras la controversia por los trazadores, un fallo judicial devolvió al INTI funciones clave en los controles sobre Estaciones de Servicio

La resolución judicial que suspendió parcialmente los efectos de la Resolución 42/2026 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (ver al pie de la nota) volvió a colocar al organismo dentro del circuito técnico que involucra inspecciones y validaciones sobre Estaciones de Servicio. La decisión aparece en medio de la discusión generada por la nueva normativa vinculada a trazadores de combustibles y los mecanismos de fiscalización asociados al expendio especificados en el Anexo: “107050001000002 AYE-Determ trazador Patagónico-Combustible líquido”.

El fallo dictado por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín ordenó interrumpir cualquier cesación, transferencia o alteración de funciones alcanzadas por la reorganización impulsada por el Gobierno nacional. Además, dispuso preservar laboratorios, equipamiento, programas de asistencia tecnológica y puestos de trabajo afectados por la medida.

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El ministro de Desregulación sostuvo que parte de las prestaciones del organismo implicaban transferencias indirectas a grandes empresas. La Resolución 42/26 busca trasladar esas tareas al sector privado y transparentar costos.

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La discusión tomó dimensión luego de las modificaciones regulatorias relacionadas con trazadores, un sistema utilizado para verificar composición, circulación y origen de los combustibles líquidos. Allí, el INTI funcionaba como soporte técnico dentro de tareas de análisis y toma de muestras.

Pese al alcance de la resolución judicial, en el sector reconocen que todavía no existe una definición concreta respecto del esquema operativo que aplicará la Secretaría de Energía. Empresarios y especialistas señalaron que hasta el momento no hubo precisiones oficiales acerca de quién continuará ejecutando los ensayos vinculados a calidad de combustibles ni bajo qué modalidad se instrumentarán esos controles.

“La incertidumbre hoy pasa porque nadie confirma cómo seguirá el procedimiento técnico ni qué organismo quedará a cargo de ciertos análisis”, explicó un asesor ligado al segmento minorista de combustibles.

Dentro del debate técnico surgió otro interrogante: el alcance que podría adquirir el sector privado en caso de avanzar el esquema previsto originalmente por la Resolución. La norma contemplaba discontinuar más de 600 prestaciones al considerar que parte de esos servicios poseían oferta disponible fuera del ámbito estatal.

Entre las áreas alcanzadas aparecían ensayos industriales, tareas de metrología, certificaciones y validaciones instrumentales. Esa orientación despertó reparos dentro de la actividad porque parte de los empresarios considera que ciertos controles requieren respaldo público debido a su impacto sobre seguridad operativa, transparencia comercial y trazabilidad.

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“Los análisis son necesarios porque forman parte del sistema de fiscalización. La discusión aparece cuando el Estado delega completamente funciones sensibles y no queda claro cuál será el esquema de supervisión”, resumió un técnico consultado.

Otro de los aspectos mencionados por especialistas tiene relación con la eventual transformación del INTI hacia un modelo autárquico sustentado mediante aranceles cobrados por servicios técnicos. Según explicaron fuentes del sector, el organismo tendría capacidad operativa para sostener parte de su estructura bajo ese mecanismo, aunque admiten que debería adecuar costos y mejorar competitividad frente a laboratorios privados.