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Martes, 21 de abril 2026
Cambio en los procedimientos
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Advierten que la normativa traslada responsabilidades propias del Estado a los operadores privados y anticipan que podría abrirse un conflicto legal de alcance nacional.
La reciente Resolución General 5835/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que introduce mayores exigencias operativas y fiscales sobre las Estaciones de Servicio, ya genera una fuerte reacción en el sector. Lejos de limitarse a cuestionamientos técnicos, los empresarios anticipan una ofensiva judicial para frenar su aplicación.
El presidente de la Federación de Entidades de Combustibles, Juan Carlos Basilico, confirmó a Surtidores que la entidad evalúa avanzar con una presentación ante la Justicia. La decisión surge tras un análisis legal interno que encendió alarmas sobre la constitucionalidad de la medida.
La norma en cuestión reitera la obligación de las estaciones a realizar ensayos en cada recepción de combustibles, además de asumir nuevas tareas vinculadas al control del destino de productos exentos de impuestos. Esto, en la práctica, amplía significativamente el rol de los operadores, que pasan de ser comercializadores a cumplir funciones cercanas a las de fiscalización.
En ese sentido, el asesor letrado de FEC, Fabián Tobalo, sostuvo que la resolución configura una “inapropiada delegación del poder de policía tributaria”, al imponer cargas activas de colaboración sin respaldo legal suficiente.
Para profundizar el concepto, advirtió que la medida podría vulnerar el artículo 17 de la Constitución Nacional, al trasladar obligaciones que implican costos y responsabilidades adicionales sin una ley que las sustente. Pero además, señaló que también se vería comprometido el artículo 18, al afectar garantías vinculadas al debido proceso.
“El organismo recaudador no puede transferir a los privados funciones que le son propias”, sintetizó Tobalo. Bajo esta interpretación, si ARCA decide implementar mecanismos de control sobre combustibles alcanzados por beneficios impositivos, debería ser el propio ente quien ejecute esas tareas de fiscalización.
Basilico puso de relieve las consecuencias operativas de la medida: “Esto no solo genera más carga administrativa, sino que también introduce riesgos concretos para la operatoria diaria. Los ensayos en cada recepción, sumados a nuevas exigencias de control, pueden derivar en demoras, mayores costos y exposición a sanciones por cuestiones que no dependen exclusivamente del estacionero”.
En la misma línea, el dirigente fue tajante respecto del camino a seguir: “Vamos a ir a la Justicia porque entendemos que esta resolución excede las facultades del organismo. Nos están colocando en un rol que no corresponde, transfiriendo responsabilidades que son indelegables del Estado”.
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