Estacioneros en alerta tras un fallo judicial que pone en pausa la reforma sindical

En medio del festejo de la CGT por el fallo de la jueza Moira Fullana, que declaró la inconstitucionalidad del DNU 340/2025 —impulsado por el Gobierno nacional para ampliar la lista de actividades esenciales—, los dueños de Estaciones de Servicio reaccionaron con cautela y preocupación.

Es que el decreto, que fue suspendido de manera cautelar el 2 de junio y ahora anulado por completo, incluía mecanismos que protegían a los sectores estratégicos frente a medidas de fuerza desmedidas. Aunque el fallo judicial se apoya principalmente en la forma —el Poder Ejecutivo legislando sin aval del Congreso—, sus consecuencias recaen de lleno sobre las actividades que necesitan previsibilidad operativa para subsistir.

El Gobierno impedirá los bloqueos a Estaciones de Servicio y plantas de combustibles

Mediante la Resolución 901/2024, el Ministerio de Seguridad informó que impedirá el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías en un establecimiento productivo o de servicios en cualquier lugar del territorio nacional. La opinión de los expendedores.

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“Era predecible, pero lamentable”, advirtió Francisco Berdaguer, abogado laboralista y asesor de Estaciones de Servicio, en diálogo con surtidores.com.ar. “No se trataba de una cuestión ideológica, sino técnica. El DNU no cumplía los requisitos constitucionales para su dictado. Pero el trasfondo es que perdemos herramientas para garantizar la continuidad operativa frente a bloqueos o acciones sindicales arbitrarias”, explicó.

El experto señaló que el regreso al esquema anterior, donde cualquier gremio puede activar un cese total de actividades sin respetar mínimos de funcionamiento, expone a las estaciones a ser rehenes de conflictos ajenos a su voluntad. “Aunque los empresarios destacan que en general no hay alta conflictividad sindical en el rubro, las experiencias con tomas o presiones por reclamos sectoriales generan un clima de inseguridad jurídica que desalienta inversiones y expansión”, comentó.

El DNU suspendido había intentado fijar servicios mínimos obligatorios del 50 por ciento al 75 por ciento en sectores estratégicos, como forma de equilibrar el derecho a huelga. Para los empresarios de estaciones, eso representaba un avance en materia de racionalidad laboral.

El sindicato de empleados de Estaciones de Servicio rechaza los convenios laborales por empresa

Luego de que el Gobierno Nacional adelantara que uno de los objetivos del año que comienza será la flexibilización de las normas relacionadas al trabajo, los referentes gremiales de la actividad impugnaron posibles cambios normativos.

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“Lamentablemente se priorizó una lectura formalista del orden jurídico, sin medir el impacto sobre la economía real”, reflexionó Berdaguer. De todas formas, aclaró que sigue vigente la posibilidad de despedir con causa a quienes incurran en bloqueos o tomas, ya que esa figura fue ratificada en instancias judiciales previas y tiene sustento legal. “Eso es una salvaguarda importante que se mantiene, aunque insuficiente ante la pasividad del Estado frente a la extorsión gremial organizada”, remarcó.

Mientras tanto, la CGT celebró el fallo como un triunfo político y jurídico. Para los sindicatos, el DNU era un intento encubierto de “disciplinar la protesta”. Sin embargo, según Berdaguer, se trata de un freno a los abusos, no al derecho a huelga en sí mismo, porque el fallo judicial es una señal de alarma: sin normas claras, el conflicto siempre se impone al trabajo.