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Un proyecto presentado en el Congreso podría abrir el camino hacia mecanismos que ayuden a los expendedores a afrontar costosos procesos de saneamiento sin poner en riesgo su continuidad económica.
Cuando se habla de contaminación ambiental asociada a los hidrocarburos, la atención suele concentrarse en los grandes yacimientos, los pozos abandonados o las instalaciones petroleras fuera de operación. Sin embargo, existe otro segmento de la cadena energética donde la cuestión también está presente, aunque muchas veces permanezca fuera del debate público: las Estaciones de Servicio.
La actividad evolucionó notablemente durante las últimas décadas. Los sistemas de almacenamiento incorporaron nuevas tecnologías, se fortalecieron los controles, mejoraron los procedimientos de mantenimiento y se multiplicaron los dispositivos destinados a detectar cualquier anomalía antes de que genere consecuencias mayores.

No obstante, los especialistas coinciden en que todavía existen establecimientos que deben convivir con situaciones heredadas de épocas en las que las exigencias regulatorias eran muy diferentes a las actuales. En muchos casos, los inconvenientes que hoy salen a la luz no se originan en fallas recientes, sino en instalaciones construidas hace varias décadas, cuando los estándares ambientales distaban mucho de los que hoy exige la normativa.
La aparición de hidrocarburos en el subsuelo o en las napas obliga a desplegar procedimientos complejos que demandan tiempo, conocimiento técnico y una importante inversión económica. Estudios hidrogeológicos, monitoreos permanentes, perforaciones de observación, extracción de producto libre, tratamientos biológicos y seguimientos ambientales forman parte de tareas que pueden extenderse durante años.
Para una Estación de Servicio de escala PyME, afrontar ese tipo de intervenciones suele representar una carga financiera difícil de absorber.
En ese contexto, comenzó a despertar interés un proyecto impulsado por el diputado nacional José Glinski, que propone crear un Régimen Nacional de Prevención, Identificación y Remediación de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos.

La iniciativa contempla además la constitución de un Fondo Federal de Recomposición Ambiental destinado a financiar acciones de saneamiento y recuperación de áreas afectadas.
Aunque el texto está orientado principalmente a resolver la problemática vinculada con pozos inactivos, infraestructura petrolera fuera de servicio y áreas maduras de explotación, algunos de sus principios podrían tener implicancias mucho más amplias.
Según afirmó el legislador a Surtidores, el objetivo central es generar herramientas que permitan actuar antes de que los problemas ambientales se transformen en conflictos de difícil resolución.
“Muchas veces las responsabilidades terminan diluyéndose con el paso del tiempo y eso provoca que los costos recaigan finalmente sobre el Estado o sobre la comunidad. Lo que buscamos es crear mecanismos que permitan prevenir, identificar y atender estas situaciones de manera ordenada y con reglas claras”, sostuvieron los funcionarios.

La propuesta incorpora la obligación de constituir garantías financieras para responder ante eventuales tareas de recomposición, establece criterios de control sobre instalaciones vinculadas a la actividad hidrocarburífera y crea un esquema específico para financiar intervenciones ambientales.
Si bien las Estaciones de Servicio no forman parte del núcleo principal del proyecto, la discusión resulta particularmente atractiva para el sector debido a una realidad que los operadores conocen de primera mano: cuando aparece un pasivo ambiental, los costos suelen ser elevados y los instrumentos de financiamiento disponibles son escasos o inexistentes.
En este contexto, la titular de la consultora Duramadre y especialista en higiene, seguridad y gestión ambiental aplicada a Estaciones de Servicio, Silvana Castiglione, opina que la iniciativa tiene el mérito de instalar un debate que hasta ahora había permanecido relegado.
“La remediación ambiental suele analizarse cuando el problema ya existe. Sin embargo, sería mucho más eficiente discutir con anticipación de qué manera se financiarán esos procesos y cómo se puede acompañar a las empresas para que puedan resolverlos sin comprometer su funcionamiento”, explicó.
La profesional recordó que el sector realizó importantes inversiones para adecuarse a las exigencias regulatorias vigentes y destacó que la enorme mayoría de las estaciones opera bajo estándares de control cada vez más rigurosos.
“Los tanques actuales poseen tecnologías que hace treinta o cuarenta años no existían. También mejoraron los sistemas de monitoreo y los procedimientos preventivos. Pero eso no elimina completamente la posibilidad de encontrarse con situaciones heredadas de otras épocas”, señaló.
Castiglione considera que el proyecto puede transformarse en un antecedente valioso para comenzar a debatir herramientas específicas destinadas a los operadores de expendio de combustibles. Entre las alternativas que podrían analizarse mencionó la creación de fideicomisos ambientales, fondos de garantía sectoriales, seguros especializados o líneas crediticias orientadas exclusivamente a tareas de saneamiento.
“La realidad demuestra que una remediación puede demandar recursos muy importantes. Cuando se trata de pequeñas y medianas empresas, disponer de mecanismos de apoyo financiero puede marcar la diferencia entre resolver adecuadamente un problema o enfrentar dificultades que comprometan la sustentabilidad del negocio”, afirmó.
La especialista remarcó además que el cuidado ambiental dejó de ser una cuestión exclusivamente normativa para convertirse en un aspecto estratégico de la gestión empresaria.
“Hoy existe una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger los recursos naturales y de actuar rápidamente ante cualquier contingencia. Por eso resulta fundamental pensar instrumentos que permitan acompañar a quienes deben realizar inversiones ambientales significativas”, agregó.
Desde la óptica del sector estacionero, la eventual creación de fondos específicos podría representar una herramienta de enorme valor. No sólo para afrontar situaciones complejas cuando aparecen, sino también para fomentar esquemas preventivos que reduzcan riesgos futuros y faciliten la adopción de mejores prácticas.
“Queremos que la remediación deje de aparecer únicamente cuando surge una emergencia y pase a integrarse dentro de una estrategia permanente de gestión ambiental. La protección del ambiente requiere previsión, responsabilidad y herramientas concretas. Esa discusión también puede aportar soluciones para actividades como la de las Estaciones de Servicio, que cumplen un papel esencial dentro del sistema energético argentino”, concluyó Glinski.
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