El Gobierno avanza con cambios societarios que podrían facilitar la administración de las Estaciones de Servicio

Aunque quedó eclipsada por otras iniciativas económicas de mayor exposición pública, la reforma de la Ley General de Sociedades promovida por la administración de Javier Milei comenzó a despertar interés en distintos sectores productivos. La propuesta, elaborada bajo la órbita del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apunta a actualizar un esquema normativo que arrastra décadas sin cambios sustanciales y que, según sus impulsores, conserva mecanismos incompatibles con la dinámica empresarial actual.

Lejos de tratarse de una discusión limitada al ámbito jurídico, el alcance del proyecto podría extenderse a miles de pequeñas y medianas compañías que diariamente deben afrontar exigencias documentales, formalidades presenciales y procedimientos que demandan tiempo y recursos. Dentro de ese universo aparecen las Estaciones de Servicio, una actividad donde la presencia de firmas familiares continúa siendo predominante a lo largo de todo el país.

¿Cuál es el mayor desafío de las Estaciones de Servicio familiares hoy?

En la Argentina, gran parte de las Estaciones de Servicio nació como un proyecto de vida. Emprendimientos levantados a pulmón, donde el fundador apostó todo y proyectó una descendencia a futuro. Pero ese traspaso, que parece natural, rara vez ocurre sin sobresaltos.

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Para el tributarista Diego Fraga, las modificaciones contempladas en el texto representan una oportunidad para simplificar numerosos aspectos de la vida societaria que hoy generan costos innecesarios. En diálogo con Surtidores, explicó que la iniciativa incorpora instrumentos destinados a adecuar el funcionamiento corporativo a las posibilidades tecnológicas disponibles en la actualidad.

Entre las novedades figuran la utilización de firmas digitales, la implementación de libros electrónicos, la celebración de reuniones mediante plataformas virtuales y la adopción de determinadas resoluciones sin necesidad de convocar asambleas bajo formatos tradicionales. Se trata de herramientas ampliamente utilizadas en otros ámbitos, pero que todavía encuentran restricciones dentro de buena parte de la normativa societaria vigente.

La intención oficial consiste en avanzar hacia un modelo menos rígido, otorgando mayor capacidad de decisión a quienes integran cada compañía. En términos prácticos, ello implica una menor dependencia de autorizaciones formales y una ampliación de las facultades para establecer pautas de organización adaptadas a las características particulares de cada emprendimiento.

Según Fraga, este cambio de enfoque adquiere especial relevancia en actividades donde predominan los negocios de origen familiar. Muchas Estaciones de Servicio fueron creciendo a partir del esfuerzo de varias generaciones y hoy se encuentran atravesando procesos de transición que involucran la incorporación de hijos, nietos u otros integrantes al manejo cotidiano de la empresa.

Es precisamente en esas instancias donde suelen aparecer diferencias relacionadas con la conducción, la distribución de responsabilidades o la participación en las decisiones estratégicas. La ausencia de acuerdos previos y la existencia de marcos regulatorios poco flexibles frecuentemente derivan en situaciones que terminan afectando la estabilidad de los emprendimientos.

Uno de los aspectos destacados por el especialista es que la propuesta fortalece la validez de los acuerdos celebrados entre los integrantes de una sociedad y amplía las posibilidades para diseñar mecanismos propios de administración. Esa libertad permitiría establecer con mayor precisión cuestiones vinculadas con la incorporación de nuevos participantes, los procedimientos para resolver discrepancias o las condiciones para transferir participaciones dentro de una misma compañía.

La experiencia demuestra que buena parte de los desafíos que enfrentan las empresas familiares no surgen por cuestiones operativas ni por dificultades comerciales, sino por desacuerdos internos que aparecen cuando llega el momento de definir liderazgos o planificar la continuidad del negocio. En ese sentido, la iniciativa ofrece instrumentos destinados a brindar previsibilidad y reducir márgenes de incertidumbre.

Otro de los puntos observados con atención por el sector tiene relación con la reducción de cargas administrativas. Certificaciones, registraciones, convocatorias y distintas exigencias formales representan erogaciones permanentes para establecimientos medianos y pequeños. Si bien cada obligación individual puede parecer menor, la suma de todos esos requerimientos termina conformando una carga significativa para las compañías.

Desafío generacional: sobreviven apenas 7 de cada 100 Estaciones de Servicio familiares

En Argentina, la mayoría de las Estaciones de Servicio gestionadas por familias no logra superar el recambio. Falta de planificación, roles mal definidos y conflictos internos son las principales causas.

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Más allá de los aspectos técnicos, el debate plantea una discusión de fondo acerca del papel que debe desempeñar el Estado en la organización de las actividades privadas. Mientras los defensores de la reforma sostienen que una mayor autonomía favorece la competitividad y estimula la inversión, otros sectores advierten sobre la necesidad de preservar mecanismos que garanticen transparencia y seguridad jurídica.

En opinión de Fraga, el valor más importante de la iniciativa radica en acercar el marco legal a la realidad cotidiana de las pequeñas y medianas empresas. “La mayoría de las Estaciones de Servicio son compañías familiares que necesitan herramientas simples para administrar sus negocios, planificar la incorporación de nuevas generaciones y resolver cuestiones internas sin atravesar procedimientos costosos o excesivamente complejos. La reforma apunta justamente a otorgar mayor flexibilidad para que cada organización pueda estructurarse de acuerdo con sus necesidades”, concluyó el especialista.