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Viernes, 15 de mayo 2026
Debate
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El panel sectorial marcó una agenda urgente: bajar presión impositiva, revisar tasas viales, ordenar comisiones electrónicas, simplificar trámites y preparar las bocas de expendio para nuevos servicios.
A la hora de hablar de rentabilidad, las cámaras empresarias hacen hincapié en una zona que muchas veces queda por fuera del precio del cartel y coinciden en que el problema no está solamente en cuánto se vende, sino en todo lo que se descuenta antes de que el resultado llegue a la caja del operador: impuestos, retenciones, tasas municipales, pagos electrónicos, cargas administrativas, costos laborales y nuevas obligaciones de control.
Ese diagnóstico atravesó el panel de cámaras empresarias y sector público de la Cumbre de Estaciones de Servicio, que reunió a más de 700 asistentes y fue seguida por más de 1300 personas a través del streaming.
Gonzalo Roca, Diputado Nacional por Córdoba e integrante de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara Baja, abrió el análisis desde el cambio de escenario que atravesó el sector desde 2023. Recordó el desabastecimiento, los cupos y las filas para cargar combustible como punto de partida de una etapa que, según planteó, derivó en un modelo con precios más alineados y nuevas herramientas operativas para los expendedores.
“Hoy nosotros tenemos la demanda que nos da el mercado”, enfatizó y admitió que el sinceramiento de precios impactó negativamente, aunque sostuvo que parte del consumo anterior estaba sostenido por valores “artificialmente bajos”. Asimismo, ubicó al autodespacho y a las estaciones móviles como opciones que los operadores pueden tomar o dejar, pero que forman parte de un mercado con más alternativas.
Pero el nuevo escenario no resuelve por sí solo el problema de fondo. Daniel Dagnino, Prosecretario de FECRA, llevó la discusión a la gestión cotidiana de una estación. Allí, la rentabilidad se juega en decisiones menos visibles que el precio del cartel: cómo se compra la energía, qué convenio se aplica, cuánto cuesta verificar surtidores, qué comisiones se pagan y qué tan preparado está el personal para vender mejor.
En ese sentido, sostuvo que la profesionalización de la operación es una de las primeras formas de defender el margen. “Buscamos que el expendedor de playa pase de despachar a vender”, remarcó, agregando que no se trata sólo de capacitar por cumplimiento, sino de cambiar este rol, sin limitarse al despacho y ofreciendo productos de mayor valor.
El otro frente es la reducción inteligente de costos. Dagnino mencionó acuerdos y beneficios que ya muestran resultados concretos, como una contratación de energía eléctrica que le permitió bajar 20 por ciento el costo de consumo en una de sus estaciones, equivalente a unos 6 millones de pesos.
En la misma línea, los descuentos del 15 por ciento en la verificación de surtidores mediante empresas homologadas y certificación IRAM también apoyaron la reducción de costos.
El problema expuesto es que, mientras algunas cámaras intentan generar ahorros, la operación incorpora nuevas cargas. El crecimiento de billeteras virtuales, aplicaciones de petroleras, plataformas bancarias y sistemas digitales de pago, sumó comisiones, conciliaciones y procesos de gestión que antes no tenían el mismo peso. Para muchas estaciones, esa complejidad ya obliga a sostener uno o dos empleados adicionales en administración.
Isabelino Rodríguez, Presidente de CECHA, puso esa discusión en números. Advirtió que el costo de las transacciones electrónicas se ubica entre 1,57 y 2,2 por ciento y que, en un negocio de márgenes estrechos, ese impacto puede absorber hasta la mitad de la rentabilidad neta. “Tenemos que como sector ponernos frente a esta situación”, afirmó.
La presión impositiva (ver informe al pie de la nota) fue otro eje central en el que Rodríguez recordó que las Estaciones de Servicio conviven con cargas nacionales, provinciales y municipales que terminan funcionando como “socios ocultos” del negocio.
Uno de los ejemplos más sensibles es Ingresos Brutos; tal como describió, las retenciones sobre operaciones con tarjetas pueden dejar alrededor de 50 millones de pesos inmovilizados durante el año hasta que se logran compensaciones o certificados de exclusión.
A esa carga se suman las tasas viales municipales, que el sector viene cuestionando desde hace años. El presidente de la confederación citó casos con alícuotas elevadas y estimó que la recaudación por este concepto alcanzó cifras millonarias, a costa de un canal minorista que ya soporta una estructura operativa pesada.
De esta manera se entiende que para las cámaras, el problema no es solo el monto, sino la superposición de cobros.
Frente a ello, Dagnino coincidió y adelantó que FECRA trabaja en alternativas para modificar el esquema. El reclamo apunta a evitar que las estaciones vuelvan a quedar ubicadas como fiscalizadoras de un sistema que no diseñaron.
Asimismo, los tres expositores vincularon la agenda de costos con el futuro del negocio. Si las Estaciones de Servicio deben incorporar nuevas energías, sumar servicios, mejorar tiendas, adaptarse al autodespacho o prepararse para la movilidad eléctrica, necesitan hacerlo con una estructura que permita invertir.
En este sentido, Roca habló de acompañar una etapa de expansión económica y de prepararse para nuevos hábitos de movilidad. Por su parte, Rodríguez pidió que el canal minorista no quede fuera de la mesa de discusión donde se define la transición energética; mientras que el referente de FECRA enfatizó en que “las nuevas energías sí o sí tienen que canalizarse por las Estaciones de Servicio”.
Las cámaras no cuestionan la transformación del negocio ni las nuevas herramientas disponibles, pero advierten que la modernización no puede sostenerse sobre una caja debilitada. Para invertir en el futuro, primero habrá que sacar las capas de costos que todavía pesan sobre el presente.
Presentación FINAL IR. CECHA 05.2026 (1)
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