Cuestionan la transferencia del poder de policía a trabajadores de Estaciones de Servicio

La violenta agresión ocurrida en una Estación de Servicio de GNC volvió a poner en discusión una situación que los playeros enfrentan con frecuencia: tener que impedir el despacho cuando el cliente no cumple las condiciones exigidas y absorber personalmente el conflicto que genera esa negativa.

El episodio se produjo en una boca de expendio YPF ubicada sobre la calle Paraguay al 1600. Un conductor pidió cargar GNC, pero el empleado constató que la oblea del vehículo estaba vencida y le explicó que no podía atenderlo. El hombre comenzó a discutir, se retiró y luego regresó armado con un cuchillo. Dos clientes que intervinieron en defensa del trabajador resultaron heridos, uno en una mano y otro en el cuello.

El trabajador no había adoptado una decisión personal. La normativa exige que los vehículos tengan la oblea habilitante vigente y adherida al parabrisas. Ese distintivo acredita que el equipo atravesó los controles técnicos correspondientes y se encuentra en condiciones de cargar y circular utilizando gas a alta presión. Si falta, está deteriorado o vencido, la estación debe rechazar el abastecimiento.

Violencia en una estación por una oblea de GNC vencida: discutió con el playero y dos clientes fueron apuñalados

El trabajador cumplió con la obligación de impedir el despacho, pero el conductor regresó armado e hirió a dos personas que intervinieron para defenderlo.

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Sin embargo, el caso abrió un interrogante que va más allá del cumplimiento de la regulación: ¿hasta dónde puede el Estado trasladar a un trabajador privado una tarea de control que puede desembocar en una confrontación?

El abogado y asesor legal de FEC, Fabián Tobalo, explicó a Surtidores que el denominado poder de policía es la facultad estatal de regular o limitar derechos individuales para proteger la seguridad, la salubridad y el interés general. Desde esa perspectiva, consideró que las funciones coercitivas y de fiscalización directa no pueden ser delegadas completamente en particulares.

“La prestación de un servicio puede quedar en manos privadas, pero el poder de policía de seguridad debe permanecer bajo la órbita de la autoridad pública”, sostuvo. En su opinión, una Estación de Servicio puede comercializar combustibles y colaborar con el cumplimiento de las reglas, pero eso no debería convertir a sus empleados en responsables de gestionar las consecuencias de una infracción.

Según Tobalo, durante los últimos años distintas normas nacionales y locales colocaron a los playeros como una barrera de contención ante incumplimientos relacionados con la oblea de GNC, el uso del casco y otras medidas de seguridad. El problema aparece cuando el trabajador debe comunicar la prohibición, sostenerla frente a una persona hostil y afrontar una eventual reacción violenta sin contar con formación específica ni con el respaldo inmediato de la fuerza pública.

Para el especialista, se produce así una desnaturalización del rol del empleado, que termina actuando como un “inspector de hecho”. No posee autoridad pública, facultades sancionatorias ni medios para intervenir si el conductor responde con amenazas o agresiones. A pesar de ello, queda ubicado en el punto más sensible del control: el momento en que debe decirle al cliente que no puede recibir el servicio.

El abogado aclaró que el objetivo de las normas es legítimo. Impedir la carga de un vehículo cuyo equipo no fue revisado protege al conductor, al personal y a todas las personas que se encuentran en la playa. Su cuestionamiento se dirige al mecanismo elegido y a la falta de herramientas para prevenir el conflicto.

Desde el principio de razonabilidad, señaló que una obligación puede perseguir una finalidad válida y, aun así, resultar desproporcionada en su aplicación. Esto sucede, afirmó, cuando se expone a un civil a una situación potencialmente violenta sin presencia de inspectores, patrullaje preventivo, botones de pánico conectados directamente con las fuerzas de seguridad o protocolos rápidos de intervención.

Fuerte multa a una Estación de Servicio por cargar GNC a un vehículo con la oblea pegada al parabrisas mediante una cinta

El ENARGAS sancionó a la Boca de Carga con la inhabilitación por 48 horas. “Sin su adhesivo original, la estación está impedida de proceder al expendio de GNC”, argumentó el organismo.

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Tobalo advirtió además que, si el Estado impone una carga de control a un particular pero no garantiza condiciones mínimas para ejercerla, podría abrirse una discusión sobre su responsabilidad por omisión o falta de servicio. No significa que cada episodio genere automáticamente responsabilidad estatal, pero sí que el diseño y la ejecución del sistema deberían ser revisados.

Entre las alternativas planteó una mayor presencia de agentes públicos y el desarrollo de soluciones tecnológicas. En el caso del GNC, propuso avanzar hacia lectores automáticos de obleas o dispositivos vinculados al surtidor que bloqueen el despacho cuando la habilitación esté vencida. De esa manera, la imposibilidad de cargar surgiría del propio sistema y no de una decisión atribuida personalmente al playero.

El desafío consiste en mantener controles indispensables sin dejar solo al trabajador frente al infractor. La agresión de Recoleta mostró con crudeza que detrás de una verificación de rutina puede aparecer un riesgo que excede por completo la tarea comercial. Para Tobalo, la seguridad no puede depender únicamente de quien está detrás del surtidor: requiere tecnología, protocolos y una presencia estatal capaz de intervenir cuando el control deja de ser administrativo y se convierte en una amenaza.