Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) cumple el 3 de junio 100 años de su fundación, cuando el Estado nacional creó la Dirección General de la compañía, hito fundamental en la historia de la industria petrolera local, que marcó no sólo buena parte del desarrollo productivo del país sino que acompañó los vaivenes políticos y sociales de la Argentina.

Los antecedentes de YPF pueden encontrarse en el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, en 1907, por parte de un grupo de operarios que cavaba pozos en busca de agua y se encontraron con el “oro negro“.

En 1910, bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta, se creó la Dirección General de Explotación del Petróleo, con el objetivo de regular la actividad de las compañías extranjeras que comenzaban a establecerse en el país.

Según este reporte, elaborado por Telam, los cambios más significativos comenzaron a producirse a partir del 3 de junio de 1922, cuando el Estado nacional, durante el mandato de Hipólito Yrigoyen, creó por Decreto la Dirección General de YPF, convirtiéndola en la primera petrolera estatal integrada verticalmente en todo el mundo.

En octubre de ese mismo año asumió la presidencia Marcelo Torcuato de Alvear, quien nombró al general Enrique Mosconi como director general de YPF, cargo que ocuparía durante ocho años y que significó un impulso decisivo a la actividad y a la expansión del nacionalismo petrolero.

Debido su carrera militar, Mosconi consideraba a YPF como un instrumento de patriotismo argentino a tal punto que la defensa de la empresa se transformaba en la defensa de la soberanía nacional, al tiempo que valoraba las intervenciones empresariales en relación a la vivienda obrera, a la asistencia educativa y sanitaria.

En 1930, Mosconi renuncia forzosamente y se exilia tras el golpe de Estado que encabezó el general José Félix Uriburu, lo que dio lugar a la llamada Década Infame, el puntapié inicial del avance del capital extranjero en la actividad petrolera.

Durante las primeras dos presidencias del general Juan Domingo Perón, YPF fue una de las empresas estatales que contribuyeron al nacimiento de muchas localidades, colaborando en la construcción de infraestructura, asignando viviendas, promoviendo la creación de escuelas y hospitales para sus empleados, sus familias y la comunidad.

La producción de petróleo pasó de 2.300.000 toneladas en 1946 a 7.500.000 en 1955. YPF creció de modo significativo con el peronismo, siguiendo el horizonte de nacionalización de los recursos naturales que se plasmó en la Constitución Nacional de 1949.

Ese mismo año se inauguró Gas del Estado y se tendió el gasoducto más largo del mundo financiado con capitales nacionales; en ese entonces, el 54 por ciento del petróleo consumido era nacional, un ritmo de desarrollo estuvo nuevamente demorado con la irrupción de un nuevo golpe militar en 1955.

El autoabastecimiento se obtuvo por primera vez durante la presidencia de Arturo Frondizi, en el marco de su “batalla” del petróleo (15.600.000 toneladas), por la cual, además, Argentina estuvo en condiciones de exportar petróleo por primera vez en su historia.

Tras el Golpe militar de 1962, asumió en 1963 Arturo Illia, quien ordenó anular los contratos petroleros con compañías extranjeras firmados por Frondizi; lo cual llevó a YPF a una pérdida del autoabastecimiento, de la producción petrolera y de la perforación de nuevos pozos.

Con la llegada del presidente de facto Juan Carlos Onganía, YPF perdió el monopolio ya que esa administración abrió las puertas a nuevas concesiones.

En 1976, llegó una nueva dictadura cívico militar -la autodenominada Proceso de Reorganización Nacional- y en este contexto se designó como interventor de YPF al General de Brigada Juan Carlos Reyes.

Durante ese ciclo, la política petrolera consistió en la intervención ascendente de las empresas privadas en detrimento de la firma estatal: se desfinanció la compañía ya que el Ministerio de Economía retenía una parte del precio de la nafta en el surtidor; se alcanzó una deuda de 1.613 por ciento hasta llegar a los US$ 6.000 millones y se despidieron a 13.000 empleados; mientras que hasta el momento se tiene conocimiento sobre otros 30 detenidos desaparecidos.

Con la llegada a la presidencia de Carlos Saúl Menem, YPF comenzó su proceso de privatización: entre 1991 y 1992 dejó de ser una Sociedad del Estado y se convirtió en una Sociedad Anónima.

En 1999 fue vendida a la firma española Repsol, que adquirió el 14,99 por ciento de las acciones en aproximadamente 13.500 millones de euros, pero la experiencia privada rápidamente reflejó una caída de inversión, la consecuente merma de producción y a la falta de proyectos de exploración el agotamiento de los yacimientos maduros.

El 16 de abril de 2012, la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, motivada por la disminución de las reservas de petróleo y la voluntad de retomar el control estatal de la petrolera, presentó el proyecto “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” para que el Estado Nacional recupere la propiedad de YPF y asegurar el autoabastecimiento energético del país.

En su discurso, Cristina Fernández remarcó que el modelo elegido no era de estatización sino de “recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental“, lo cual alejaba a YPF del modelo del nacionalismo petrolero del siglo pasado.

Así, el Estado nacional declaró el 51 por ciento del patrimonio de YPF de utilidad pública y sujeto a expropiación; de ese 51 por ciento expropiado a Repsol y a la familia Ezkenazi, un 49 por ciento iría a las provincias y el 51 por ciento restante al propio Estado.

Con lo cual, además de su centenario, YPF también celebra los 10 años de su expropiación, con grandes desafíos a mediano plazo para incrementar su producción con la ampliación de infraestructura de transporte, como la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta, anunciado en abril último por el presidente Alberto Fernández.

El nuevo gasoducto conectará el parque industrial Tratayen (Neuquén) con la ciudad bonaerense de Salliqueló (558 kilómetros) y se estima que esté finalizado para el invierno de 2024, lo que promete abrir una nueva etapa para Vaca Muerta y para la petrolera nacional, en particular.