Radiografía del mercado de los combustibles

Alejandro Martorell, vicepresidente primero de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) fue el encargado de exponer en la 43º Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible (CLAEC) que se está desarrollando en el Hotel Panamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para desarrollar el estado en que se encuentra el sector de comercialización minorista de los combustibles en nuestro país.

Según advirtió el dirigente en su disertación, de un total de 3.800 puestos de carga, hay 589 que venden menos de 200.000 litros por mes, por lo que considera que “se encuentran en situación riesgo”. En su mayoría son comercios ubicados en el interior del país que perdieron clientes importantes como el agro y las empresas de transporte a los que anteriormente se les vendía gasoil. Ahora, lamenta, este nicho fue acaparado por distribuidores mayoristas.

Lo llamativo para Martorell es que a pesar de que crece el consumo de naftas siguen cerrando locales. Esto se explica por la concentración de las ventas que han acaparado los proveedores en los últimos años, como consecuencia de la falta de políticas de protección para el sector.

“Las bocas de bandera tienen un promedio de venta de 270.000 litros mensuales, mientras que las que pertenecen directamente a las petroleras duplican la cifra, con 566.000 litros”, fundamentó. Los operadores independientes participan con apenas el 47 por ciento de la facturación total de naftas y gasoil.

Argentina cuenta con sólo 2.600 estaciones de bandera, sumando todas las marcas: YPF, Shell, Esso, Petrobrás y Oil Combustibles, entre otras más pequeñas. El resto, señala, son administradas por operadores blancos, que representan el 22 por ciento del total, y por bocas propias de las compañías.

Además, Argentina presenta precios de hasta un 30 por ciento más bajos que en otros países de la región, como Uruguay o Chile, al tiempo que paga los salarios más altos del continente, alcanzando un promedio de 1.500 dólares por empleado, sumando adicionales y cargas sociales.

Durante el cierre de la presentación, Martorell propuso una solución para revertir este proceso negativo. En su opinión habría que sancionar una nueva ley de comercialización de los combustibles que ponga coto a los avances de las petroleras sobre el sector minorista. Los reclamos de los empresarios apuntan a determinar definitivamente la libertad de precios y la obligatoriedad del sector privado de comprar naftas y gasoil por medio de las estaciones de servicio, como así también restringir la integración vertical, entre otras cuestiones de fondo.

Esta iniciativa fue planteada en el Congreso Nacional sin encontrar demasiadas respuestas entre los diputados y senadores del oficialismo, que hoy dominan ambas cámaras y tienen en su poder la posibilidad de impulsar o cajonear los proyectos en carpeta.