En este contexto de pandemia, donde proliferaron los medios de pago electrónicos, sumados a la falta de disponibilidad de dinero en efectivo para afrontar la carga de combustibles que hoy supera las tres cifras en cualquier compra por mínima que sea, los clientes de las expendedoras profundizaron las opciones digitales al momento de pagar.

Pero desde la Federación de Expendedores de Combustibles del Interior, empezaron a trabajar en conjunto para lograr que las autoridades reconozcan una serie de costos extras y trámites administrativos que esta operatoria causa en el sector.

“Hoy en día todos los bancos pusieron su propio QR de pagos, lo que complicó la administración y control de las ventas en las bocas de expendio, a la vez que nos obligó a reactualizar constantemente nuestros sistemas de software, para evitar problemas a la hora del balance de la jornada”, dijo a surtidores.com.ar, el presidente de FAENI, Alberto Boz.

Recordó que en un principio con un único código QR que ofrecía la empresa Mercado Pago, se podía operar sin inconvenientes, a pesar de haber tenido que adaptar la estructura tecnológica de cada Estación de Servicio.

Pero lamentó que con la diversificación del mismo sistema pero de diferentes entidades, las cosas se complicaron para llevar la contabilidad de las cuentas, porque en muchos casos, “tenemos incertidumbre sobre la acreditación de las operaciones”, dijo Boz.

Adelantó que están haciendo las gestiones para que se puedan unificar los códigos, y que cada institución pueda recibir el dinero que le corresponda sin dificultades administrativas.

Por otra parte, lamentó que la demanda sobre las entidades de tarjetas de crédito que vienen llevando adelante desde 2018 no avance, mientras los estacioneros siguen cargando sobre sus espaldas con comisiones financieras y plazos que los ponen en una situación de discriminación respecto de los colegas de otros países del mundo.

Vale recordar que la denuncia cuestiona los abusivos plazos de acreditación de las operaciones con tarjeta de crédito y los elevados aranceles que cobran a las empresas del rubro.

Desde que comenzaron los reclamos por esta situación, se logró una disminución de las comisiones, que pasaron del 3 por ciento en crédito y del 1,5 para débito, al 2 por ciento y 0,9, respectivamente.

Del mismo modo, se modificaron los períodos de cobro, para que se efectúe a los 10 días hábiles, en lugar de los 28 días corridos como estaba fijado antes del 30 de abril del 2019.

No obstante, todavía se produce un significativo desfasaje, entre las altas comisiones por operación y los largos plazos de acreditación, el cual, debe ser asumido y sostenido por las espaldas del operador, que resigna su escaso capital de trabajo para balancear las pérdidas que se originan a causa de la devaluación permanente de la moneda.