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Miércoles, 17 de junio 2026
Informe oficial
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Mientras Neuquén encabeza el listado con los recargos más elevados sobre los combustibles, Buenos Aires concentra la mayor cantidad de municipios que lo aplican. El sector insiste en que genera distorsiones comerciales y reclama su eliminación.
Cada vez que un conductor llena el tanque, el precio que paga no depende únicamente del valor del combustible ni de los impuestos nacionales. En numerosos municipios del país existe un cargo adicional que se suma silenciosamente a cada litro despachado y que termina impactando directamente en el bolsillo de los usuarios: la Tasa Vial.
El Portal de Transparencia Tributaria Municipal impulsado por el Ministerio de Economía permitió poner números concretos a una discusión que lleva años generando controversias entre intendencias, automovilistas y Estaciones de Servicio. Los datos muestran que la carga tributaria varía considerablemente según la localidad y que los mayores porcentajes no se encuentran en el conurbano bonaerense, como suele suponerse, sino en la Patagonia.
El relevamiento oficial realizado sobre 188 municipios de 23 provincias revela que Neuquén capital, Plottier (en revisión), San Martín de los Andes, Senillosa, Plaza Huincul, Junín de los Andes, Centenario y Cutral Có, aplican la alícuota más elevada del país: un 4,5 por ciento sobre el precio del combustible.
La diferencia no es menor. Con los valores actuales de la nafta súper rondando los 1.800 pesos por litro en esas localidades, una tasa vial del 4,5 por ciento representa unos 81 pesos adicionales por cada litro cargado. Traducido a una operación habitual, llenar un tanque de 50 litros puede significar un desembolso extra de aproximadamente 4.050 pesos respecto de un municipio donde ese gravamen no existe.
Aunque la Patagonia encabeza el ranking de los porcentajes más altos, la provincia de Buenos Aires es la que concentra la mayor cantidad de municipios que recurren a esta herramienta recaudatoria. Allí la dispersión es amplia. Existen distritos que cobran apenas un 0,8 por ciento, mientras otros alcanzan niveles cercanos al 3 por ciento dependiendo del tipo de combustible.
La expansión de este mecanismo comenzó a tomar fuerza alrededor de 2013, cuando varios municipios bonaerenses decidieron incorporarlo para reforzar sus ingresos propios. Desde entonces, Avellaneda, Quilmes, Lanús, La Matanza, Lomas de Zamora, Tigre, Pilar, Escobar, Moreno, Ezeiza y Florencio Varela, entre otras, mantuvieron vigente el esquema.
Merlo aparece entre los casos más representativos, con una alícuota del 2,5 por ciento para combustibles de menor octanaje y del 3 por ciento para las variedades premium. En el otro extremo figura Marcos Paz, que exhibe uno de los porcentajes más bajos del país. También existen municipios que optaron por no implementar ningún recargo, entre ellos Tres de Febrero, Morón, San Miguel y San Martín.
El funcionamiento del sistema es relativamente simple. La tasa recae sobre cada litro de nafta o gasoil y sobre cada metro cúbico de GNC expendido dentro del distrito. Las Estaciones de Servicio actúan como agentes de percepción: cobran el importe junto con la venta y posteriormente lo transfieren a las arcas municipales. En la práctica, el consumidor abona el monto total sin identificar con claridad cuánto corresponde a cada concepto.
Algunos gobiernos locales incluso eligieron aplicar valores fijos en centavos por litro en lugar de porcentajes. Esa modalidad dificulta las comparaciones entre jurisdicciones, aunque el resultado final es el mismo: el precio en el surtidor termina siendo superior al de localidades vecinas.
La aparición del portal impulsado por el Ministerio de Economía añadió un nuevo capítulo al debate. La plataforma permite consultar qué municipios cobran la tasa, cuánto representan esos cargos y cómo impactan según el combustible elegido. Además, busca dar mayor visibilidad a tributos que históricamente permanecieron fuera de la discusión pública.
La iniciativa también expuso una disputa política entre el Gobierno nacional y numerosos intendentes. Desde la administración central sostienen que este tipo de cargos incrementa la presión tributaria sobre los consumidores y conspira contra la reducción de la inflación. Los municipios, por su parte, argumentan que los recursos obtenidos permiten financiar obras y tareas de mantenimiento de la infraestructura vial.
Sin embargo, más allá de la discusión entre distintos niveles del Estado, las Estaciones de Servicio continúan manifestando su preocupación. Las entidades empresarias sostienen que la tasa vial genera diferencias de competitividad entre establecimientos ubicados a pocos kilómetros de distancia. Cuando la brecha de precios se amplía, muchos usuarios optan por cargar combustible en distritos vecinos donde el costo final resulta menor.
Desde el sector también recuerdan que la legalidad de este tributo fue cuestionada en reiteradas oportunidades. Argumentan que existen normas nacionales que limitan la posibilidad de establecer gravámenes similares sobre los combustibles líquidos. Pese a ello, las ordenanzas municipales continúan vigentes y el esquema sigue expandiéndose en distintas regiones del país.
Lo más llamativo es que, a pesar de las críticas y de los mayores costos para los consumidores, los estudios disponibles no encontraron evidencia concluyente de que la tasa vial haya provocado una caída significativa en las ventas de combustibles. En otras palabras, millones de conductores continúan abonándola cada vez que cargan combustible, muchas veces sin advertir siquiera que una parte de lo que pagan termina financiando las cuentas de su municipio.
Cipolletti no tiene tasa vial, por qué siguen listandolo como si tuviera??? Informen como corresponde
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