¿Surtidores para autos eléctricos obligatorios? el Congreso busca que la inversión no recaiga sólo en los operadores

Una Iniciativa presentada en el Congreso busca que las Estaciones de Servicio incorporen de manera obligatoria infraestructura de carga para vehículos eléctricos como parte de una estrategia orientada a acompañar la transformación del parque automotor y ampliar la red disponible en todo el país. El texto contempla beneficios impositivos y habilita la participación de operadores privados para acelerar el despliegue de estos equipos, pero descarta apoyo estatal.

La idea impulsada por el Bloque del PRO aparece en un momento en que la electromovilidad comienza a ganar espacio en la agenda energética local, aunque todavía con una presencia limitada en términos de cantidad de vehículos y puntos de abastecimiento.

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Para las Estaciones de Servicio, el planteo abre una discusión que excede el objetivo de incorporar una nueva tecnología. La pregunta inmediata es bajo qué esquema económico deberá concretarse esa reconversión.

La inquietud encuentra antecedentes dentro del sector. En distintas etapas de modernización, desde adecuaciones ambientales hasta nuevas exigencias operativas, gran parte de las inversiones necesarias terminó siendo asumida por los propios operadores.

Por eso, la posibilidad de establecer una obligación de alcance nacional despertó interés sobre la existencia de mecanismos que permitan distribuir el esfuerzo económico y generar modelos con recuperación razonable de la inversión.

En diálogo con Surtidores, el diputado nacional y autor del proyecto, Cristian Ritondo, aseguró que fue pensado para promover un esquema diferente al de una inversión exclusivamente estacionera. Según explicó, se habilita la celebración de acuerdos entre privados para financiar la instalación de cargadores y permite que empresas interesadas obtengan licencias para instalar y operar estos dispositivos dentro de las Estaciones de Servicio.

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Ese formato abre la posibilidad de desarrollar alianzas comerciales entre operadores y compañías vinculadas al negocio energético, transformando a las bocas de expendio en centros de servicios con nuevas fuentes de actividad sin depender únicamente de recursos propios.

“Más allá de los beneficios impositivos, el proyecto habilita la celebración de acuerdos entre privados para financiar la instalación de cargadores eléctricos. De este modo se promueve la inversión y los acuerdos privados sin exigir que el Estado asuma el financiamiento de la infraestructura”, concluyó el titular del bloque macrista.

Además adelantó que como el texto fue recientemente girado a las comisiones correspondientes, habrá que esperar para conocer la voluntad de sus autoridades de incorporarlo a la agenda y avanzar con su tratamiento.