La crisis del 2001 modificó todo. Las estructuras que sostenían el andamiaje comercial se vinieron a pique, se cortó la cadena de pagos y se perdió la confianza; un cóctel explosivo que obligó a revertir las políticas que guiaban las relaciones económicas hasta entonces.

La actividad de las estaciones de servicio fue quizás una de las que acusó el mayor impacto de este desequilibrio: caída la convertibilidad, los precios se triplicaron y comenzó una época de desabastecimiento de combustibles inédita en la Argentina. La oferta escasa provocó un abrupto cambio de las condiciones que regían hasta ese momento: cuando poco tiempo atrás la compra de naftas o gasoil se financiaban a 30 días, ahora para recibir el camión el dinero debía estar acreditado en la cuenta de la petrolera con anticipación.

Este giro provocó la transferencia de sumas millonarias a las compañías proveedoras y el cierre de cientos de negocios que no pudieron adaptarse a este nuevo escenario que se mantiene inalterable a pesar de los años. Hoy el expendedor que no tiene saldo a favor tampoco tiene producto para vender.

Los aumentos de precios también hacen su juego en contra de la rentabilidad de los estacioneros. El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes (AESI), Manuel García, explica que “cada vez que sube el combustible el operador tiene que aportar capital operativo que no recupera”. Esto se explica porque “las distribuidoras nos piden que paguemos el combustible 48 horas antes que llegue el camión”.

El empresario agrega que quienes no tienen para aportar el capital suficiente se ven obligados a reducir los pedidos a las petroleras hasta que se quedan sin stock; “a la larga terminan cerrando”, subraya.

“Hay que desinstalar en la opinión pública la idea de que cada vez que suben los combustibles las estaciones se llenan de plata”, plantea. García denuncia que  “los que se favorecen son las petroleras y el Estado Nacional; los expendedores somos el eslabón más débil de la cadena de comercialización y los aumentos no modifican la situación de rentabilidad”.

García cuestiona el esquema operativo que funciona actualmente en el sector, dado que deja en manos de las refinerías la libertad para establecer condiciones y cláusulas a su favor: “ni siquiera podemos discutir con las empresas el porcentaje de bonificación; nos imponen las formas de pago, el abastecimiento y los precios”. Asegura que “lo que nosotros pedimos nunca lo tienen en cuenta; nadie escucha  a los expendedores”.