Malos aires para la ley que defiende a las estaciones Pymes

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aries aprobó un proyecto de ley donde se establece un nuevo marco jurídico general de aplicación para la comercialización de hidrocarburos en todo el territorio bonaerense. El proyecto tiene por objeto renovar, integrar y homogeneizar las distintas normativas legales vigentes en la materia.

La iniciativa, fue fogoneada por el legislador y a la vez secretario general de FOESGRA, Carlos Acuña. Uno de sus objetivos principales es determina criterios para establecer el número mínimo de instalaciones para el suministro de petróleo, cuidado del medio ambiente y coto a las concesiones. Además, establece que las empresas petroleras deberán desprenderse de las estaciones de servicio propias para “evitar el control absoluto del mercado”.

Asimismo prohíbe a las compañías fijar el precio del combustible así como sugerir los de venta al público; mientras que los precios a los que venden a las estaciones de servicio deberán ser iguales en toda la Provincia. Tampoco podrán realizar la venta directa a empresas de transporte, industrias y establecimientos agropecuarios.

Su conformidad por parte de los legisladores que componen la Cámara Baja a fin de 2011 promovió su paso a la de Senadores. Sin embargo, y a pesar de contar con un amplio apoyo legislativo, aun no fue tratado por la Comisión  de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo, y se descuenta que tampoco tendrá debate durante los próximos meses.

Uno de sus principales puntos es que las estaciones de servicio pueden comprar directamente en refinerías o en playas de almacenamiento, y realizar el transporte por sus propios medios, por supuesto que con las medidas de seguridad exigibles. Asimismo y al establecerse normas regulatorias, se superarán las falencias que perjudican el normal funcionamiento de los pequeños centros de distribución de combustible, que están desprotegidos jurídicamente.

De sancionarse el Proyecto, Buenos Aires sería la única provincia del país en contar una ley de protección de las pequeñas y medianas empresas del sector, como así también de sus trabajadores.