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Lunes, 11 de mayo 2026
Datos duros
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Un informe vuelve a poner bajo análisis el funcionamiento del sistema de fijación de precios y el uso de los combustibles para financiar transporte, supergás y medidas de contención económica.
La discusión sobre el sistema de fijación de precios de los combustibles volvió a captar la atención pública. El nuevo análisis elaborado en las últimas horas por el Centro de Estudios de Políticas Públicas reveló que los consumidores uruguayos pagaron aproximadamente USD 81 millones de sobreprecio en naftas y gasoil entre mayo de 2025 y abril de 2026, producto de diferencias entre el Precio de Paridad de Importación calculado por URSEA y el Precio Ex Planta fijado por el Poder Ejecutivo.
El documento, titulado “Barómetro Energético”, puso nuevamente bajo análisis el funcionamiento del esquema implementado tras la reforma del mercado, que tenía como objetivo acercar los precios locales a los valores internacionales de referencia.
Según el estudio, al cual pudo acceder Surtidores, durante gran parte del período analizado, el precio cobrado en Uruguay se ubicó por encima del valor teórico de importación. El CEPP estimó que del total del sobreprecio acumulado, unos USD 48 millones correspondieron a naftas y USD 33 millones al gasoil.
Sin embargo, en medio de la fuerte suba internacional del petróleo derivada del conflicto en Irán, el Gobierno resolvió no trasladar completamente el incremento de costos al surtidor, desacoplando nuevamente los precios locales del comportamiento internacional. Ese movimiento hizo que ANCAP comercializara combustibles por debajo del PPI, absorbiendo pérdidas estimadas por el CEPP en aproximadamente USD 30 millones solo durante abril.
El dato abre uno de los debates más sensibles de la política energética actual: si el sistema debe reflejar estrictamente los costos internacionales o si el Estado debe conservar herramientas para amortiguar episodios de alta volatilidad y contener el impacto inflacionario sobre consumidores y sectores productivos.
EL PPI VUELVE A SER CUESTIONADO
“El precio del mes corriente está determinado por los precios internacionales de los dos meses anteriores”, citó el análisis, advirtiendo que la metodología actual reduce la volatilidad pero genera descalces financieros.
En los hechos, se plantea que el Poder Ejecutivo continuó interviniendo activamente sobre los precios, incluso después de la puesta en marcha del nuevo esquema que buscaba dotar de mayor transparencia y alineación internacional al sistema.
Desde la implementación del mecanismo basado en el PPI, Estaciones de Servicio, transportistas y consumidores siguieron de cerca cada ajuste mensual esperando una mayor previsibilidad en los valores finales. No obstante, desde el CEPP mencionaron que el sistema terminó funcionando con márgenes discrecionales que permitieron utilizar los combustibles tanto como herramienta recaudatoria como instrumento de amortiguación económica.
EL GASOIL Y EL PESO DE LOS SUBSIDIOS CRUZADOS
Otro de los ejes fuertes del trabajo apunta al financiamiento indirecto de distintos subsidios a través del precio de los combustibles. Se calcula que el fideicomiso del transporte recibió alrededor de USD 82 millones entre mayo de 2025 y abril de 2026 mediante el recargo de aproximadamente $3 por litro aplicado al gasoil.
El informe reflejó que este mecanismo impactó directamente sobre la estructura de costos de sectores intensivos en transporte, particularmente el agro, la logística y las actividades exportadoras. Además, el CEPP sostuvo que una parte importante del precio final del supergás quedó absorbida por costos privados de envasado y distribución secundaria, que representarían cerca del 43 por ciento del valor final al consumidor.
