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Viernes, 06 de noviembre 2026
Proyecto de Ley
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Tras haberse derogado la resolución que obligaba a las Estaciones de Servicio a informar los cambios de precios, Buenos Aires está a las puertas de convertirse en la primera provincia en exigir que se anuncien antes de que entren en vigencia.
El gobierno de Axel Kicillof salió a marcar diferencias con la política nacional de combustibles mediante una futura ley que pretende establecer mayores controles sobre la manera en que las compañías petroleras modifican sus precios. El proyecto apunta a terminar con los aumentos sorpresivos en los surtidores y está próximo a completar una instancia decisiva de su tratamiento parlamentario.
El diputado bonaerense de Fuerza Patria, Carlos Puglielli, confirmó a Surtidores que el próximo jueves 12 de noviembre, a las 15 horas, la Comisión de Presupuesto e Impuestos retomará el tratamiento de la iniciativa, con la expectativa de emitir un dictamen favorable que permita avanzar hacia su aprobación.
El legislador participó este jueves de la reunión en la que estaba previsto avanzar con el expediente, pero el encuentro no pudo finalizar debido a problemas técnicos en la plataforma de transmisión de la Legislatura provincial. Ante esa situación, se resolvió postergar su continuidad hasta después de los feriados vinculados con la visita del Papa.
La documentación oficial de la Cámara de Diputados bonaerense confirma que la reunión había sido convocada para ayer a las 11 horas mediante plataforma remota. El orden del día contemplaba distintos proyectos de ley y cerraba con un apartado denominado “Varios”, dentro del cual, según lo informado por el legislador, estaba previsto incorporar para su tratamiento el expediente D-2535/25-26, presentado por la diputada Ayelén Rasquetti.
“No se trata de una medida en contra de los expendedores sino de un derecho a que los consumidores puedan conocer con anticipación cuánto costará cargar combustible, especialmente cuando los incrementos se producen de manera frecuente y sin anuncios previos”, aclaró Puglielli.
El proyecto dispone que las compañías petroleras deberán comunicar cualquier modificación de precios a la autoridad de aplicación con una anticipación mínima de 72 horas corridas. Las Estaciones de Servicio, mientras tanto, tendrán que exhibir los nuevos valores al público al menos 48 horas antes de que comiencen a regir.
La obligación comprendería tanto los aumentos como las eventuales reducciones de precios y alcanzaría a los combustibles líquidos y al GNC.
El bloque peronista considera que la información anticipada permitiría a los automovilistas organizar sus gastos y decidir cuándo cargar combustible. “Buscamos incorporar una herramienta de transparencia comercial sin impedir que las compañías continúen determinando sus propios valores de venta”, recalcó el legislador.
En efecto, el texto no contempla congelamientos ni determina precios máximos. Tampoco fija límites porcentuales a los incrementos. La intervención que propone se concentra en los plazos y las condiciones bajo las cuales deberán comunicarse las modificaciones.
El expediente había obtenido dictamen de la Comisión de Servicios Públicos en noviembre de 2025 y de Legislación General en julio de este año. Ahora restaba completar su tratamiento en Presupuesto e Impuestos, donde el oficialismo descarta conseguir el respaldo necesario para que sea trasladado para su promulgación y reglamentación.
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