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Jueves, 27 de febrero 2025
Iniciativa legislativa
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Diputados presentaron un proyecto en el que expresan su preocupación por el complejo que se radicará en Paysandú, Uruguay, frente a la ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos.
Legisladores nacionales han presentado un proyecto de resolución manifestando su preocupación por la instalación de una planta de producción de combustibles sintéticos a base de metanol en Paysandú, Uruguay, frente a la ciudad de Colón, Entre Ríos. La iniciativa, impulsada por Ana Gaillard, Blanca Osuna y Gustavo Bordet, entre otros, refleja el creciente temor de organizaciones civiles y la comunidad sobre los posibles impactos ambientales y sociales de este emprendimiento.
Desde la Multisectorial Somos Ambiente del Río Uruguay, se han señalado diversos peligros asociados a la cercanía de la planta con áreas urbanas y el ecosistema fluvial. Entre los puntos más críticos se destacan la producción estimada de 1.500 toneladas diarias de metanol, una sustancia altamente inflamable y la falta de información pública sobre los posibles residuos líquidos, sólidos y gaseosos derivados del proceso productivo.
La opacidad en torno al proyecto se agrava por el Acuerdo de Confidencialidad firmado entre el Gobierno uruguayo y la empresa HIF Global, lo que impide a los ciudadanos conocer el verdadero impacto de la planta. También se advierte sobre un cambio drástico en el paisaje natural, con la construcción de tres chimeneas y cuatro antorchas encendidas de forma permanente, lo que generaría emisiones visibles y potencialmente contaminantes.
Los diputados afirman que la ciudad de Colón y localidades cercanas como Pueblo Liebig y San José podrían verse afectadas por los efectos de la planta. La falta de estudios sobre los impactos transfronterizos, especialmente en relación con la dispersión de gases tóxicos debido a los vientos predominantes en la región, es motivo de alarma. Asimismo, se destaca la inexistencia de protocolos de emergencia y planes de evacuación en caso de incidentes industriales.
En este contexto, señalan que el desconocimiento de la población sobre los riesgos potenciales genera una sensación de desprotección, ya que no se han presentado informes técnicos que detallen la probabilidad de accidentes, su duración, gravedad y posibles consecuencias para el medioambiente y la salud de los habitantes.
Los legisladores instaron a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) a intervenir de inmediato, en el marco del Estatuto del Río Uruguay, tratado bilateral firmado entre Argentina y Uruguay en 1975. Este acuerdo establece la obligación de evaluar cualquier emprendimiento que pueda afectar el río y sus comunidades ribereñas, asegurando el uso sostenible del recurso y su preservación ambiental.
La CARU tiene el mandato de garantizar la calidad del agua del río Uruguay y prevenir cualquier tipo de contaminación que supere los estándares establecidos. En este contexto, los diputados solicitan que se exija la documentación pertinente y se adopten medidas preventivas para evitar daños irreversibles al ecosistema y a las poblaciones cercanas.
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, promoviendo el concepto de desarrollo sostenible. En línea con este principio, los legisladores subrayan la necesidad de que el Gobierno argentino actúe en defensa de los intereses ambientales y sociales de las comunidades afectadas.
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