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Una sentencia confirmó una condena contra una petrolera al considerar probada la dependencia de una trabajadora. También incluyó la ayuda alimentaria y el uso personal del celular en la base para calcular la indemnización.
Facturar servicios profesionales no impide que la Justicia reconozca una relación laboral cuando las condiciones de trabajo acreditan dependencia. Ese fue uno de los puntos centrales de un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, referido a una trabajadora que realizaba tareas de diseño, planificación y remodelación de tiendas de Estaciones de Servicio.
La sentencia confirmó en lo principal una condena contra una petrolera y ratificó que debía computarse la antigüedad desde el 5 de septiembre de 1996. Para los jueces, los testimonios demostraron que la prestación se había desarrollado de manera continua, en condiciones similares y bajo la supervisión de personal de la compañía.

El conflicto pone el foco en una cuestión relevante para el sector. Detrás de la renovación de una tienda intervienen profesionales y prestadores con distintas modalidades de contratación. En este caso, el tribunal respaldó una decisión que priorizó cómo se ejecutaban las tareas por encima de las formas utilizadas para pagar los servicios.
La sentencia de primera instancia había considerado que la emisión de facturas, la intervención de una sociedad de hecho o la intermediación de una constructora no modificaban las características del vínculo acreditado. El criterio aplicado fue el de primacía de la realidad, que atiende a las condiciones efectivas de la prestación.
Al revisar la apelación, la Cámara señaló que la empresa no había cuestionado de manera concreta y razonada los fundamentos centrales de esa conclusión. También sostuvo que los registros laborales debían evaluarse junto con las demás pruebas, porque constituyen manifestaciones del empleador que no están sometidas al control del trabajador.
Otro aspecto del fallo fue la composición del salario utilizado para calcular las indemnizaciones. La compañía había objetado la inclusión de un concepto denominado “Vianda Ayuda Alimentaria”, al que se había asignado carácter no remunerativo.
La Cámara confirmó su naturaleza salarial. Entendió que se trataba de una suma percibida como consecuencia del contrato de trabajo y que su denominación no alcanzaba para excluirla de la remuneración. Para fundamentarlo, recurrió a la Ley de Contrato de Trabajo y al Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo.
El teléfono celular entregado por la empleadora también integró el análisis. La defensa sostuvo que era una herramienta laboral, pero los testimonios y la propia reglamentación de la compañía acreditaban que podía utilizarse para fines personales.

Los jueces consideraron que esa disponibilidad generaba una ventaja patrimonial, porque permitía ahorrar gastos particulares. Por esa razón, confirmaron su carácter remuneratorio en la proporción correspondiente al uso personal. La conclusión estuvo vinculada con las condiciones probadas en el expediente.
El tribunal mantuvo, además, las indemnizaciones adicionales admitidas en la causa por las deficiencias de registración y el pago insuficiente de la liquidación. También confirmó la sanción relacionada con certificados laborales que no reflejaban la fecha real de ingreso.
Asimismo, la resolución modificó el mecanismo de actualización del crédito e impuso las costas de la apelación a la empleadora.
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