La postura de la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto de las exigencias tributarias que carga sobre las operadoras del comercio de nafta y afines, mantiene en alerta a las cámaras que representan a los comerciantes del rubro.

Sucede que las obligaciones fiscales “aturde” en gran medida a los empresarios, no solamente por la diversificación y superposición de impuestos, sino también, por las dificultades que acarrea en numerosos casos, el acceso a la información fiscal.

“Las presiones que impone la AFIP superan la voluntad de pago y de responsabilidad de los expendedores que vienen sumando intimaciones de todo tipo, paralelamente al hecho de que ante la menor circunstancia, el ente recaudador impone embargos sobre las cuentas de la firma afectada”, comentó a surtidores.com.ar, el Gerente de CECHA, Guillermo Lego.

Aclaró que el tema no pasa porque las Estaciones de Servicio no cumplan con las reglas, dado que por el contrario, al ser considerados por el erario nacional como agentes de retención, implementan todos los procesos necesarios para tener al día las imposiciones que el fisco exige.

“El sistema de la AFIP, automáticamente ante una nimiedad, de manera inmediata bloquea las operaciones bancarias y embarga de manera preventiva las cuentas corrientes o cajas de ahorro que el dueño de la boca de expendio tiene destinada por ejemplo al pago de sueldos, viáticos o gastos comunes cotidianos de operatividad fundamental para mantener el negocio abierto”, advirtió el directivo.

En esa misma coyuntura, se agravan los problemas derivados de los gravámenes provinciales, municipales y otras costas que se les impone a los operadores de combustible, que no solamente los obliga a una significativa pérdida de tiempo que atenta contra la productividad, sino además, la necesidad de contratar servicios extras de asesoría a costos elevados en pos de evitar embargos y suspensiones por parte de la AFIP.

Es por ello, que se espera que la Asamblea que corresponde a este mes, tome como principal concepto el de las acciones a seguir a través de los profesionales y asesores contables y legales, que permita ordenar el normal funcionamiento de la actividad, sin distorsiones de carácter administrativo.