A pesar de los inconvenientes que las Estaciones de Servicio comenzaron a tener para abastecerse de producto desde la disparada de los precios del petróleo internacional y el congelamiento de los valores al público, las autoridades no actuaron al respecto.

Por ello, la FEC accionó directamente a través de sus asesores legales con el objeto de que el gobierno nacional ponga un rápido fin al problema de falta de combustibles que se extiende a cada vez más establecimientos en todo el territorio argentino.

En las cartas dirigidas a los funcionarios, la entidad que encabeza Julio Alonso y Juan Carlos Basílico, explicó que están recibiendo información de distintas bocas de expendio que dan cuenta de abastecimiento en volúmenes inferiores a los solicitados, entregas parciales y/o tardías; imposición unilateral de límites a las entregas de productos, de todo lo que deriva una reducción de los volúmenes comercializables, y quiebres de stock.

Aseveran los dirigentes que “las situaciones descriptas, que reproducen mecanismos de restricción de aprovisionamiento ya conocidos en el pasado en el mercado nacional de combustibles líquidos, afecta principalmente a bocas de expendio que carecen de contratos de suministro bajo denominación marcaria (llamadas bocas blancas)”.

Pero además aclaran que no se excluye de dicha irregular situación a las estaciones que cuentan con contratos de aprovisionamiento bajo denominación de marca, dado que también “hemos tomado conocimiento de múltiples casos de Estaciones de Servicio vinculadas en exclusividad con proveedores, que están siendo expuestas a restricciones de aprovisionamiento”.

Además denunciaron envíos por volúmenes insuficientes, demoras en las entregas, imposición de cuotas vinculadas a registros de venta en períodos anteriores, pero con el agravante de que según denuncian: “todo esto carece de comunicación formal alguna”.

En este sentido, convocaron al gobierno a accionar rápidamente contra la “distorsión del mercado minorista, con perjuicio para expendedores y consumidores, relevando la situación actual de abastecimiento del mercado, y adoptando las medidas que estime pertinentes en orden a evitar prácticas restrictivas como las denunciadas y/o asegurar un equitativo acceso al aprovisionamiento de combustibles”.