Días atrás, este medio dio a conocer que un grupo de diputados y diputadas nacionales, integrantes de las comisiones de Energía y de Transporte, convocarán a los  a expendedores para que aporten su visión respecto de la economía de sus negocios. En este sentido, desde la Federación de Entidades de Combustibles expresaron que cuando tengan oportunidad de transmitir sus inquietudes a los legisladores, señalarán la necesidad de volver a un esquema unificado de tributación en todo el territorio de la República Argentina, retrotrayendo la situación a la fecha de vigencia del decreto 897/92.

Asimismo reclamarán que las petroleras no compitan por sí mismas o a través de empresas vinculadas con su red de expendedores privados, quienes hicieron y hacen grandes inversiones para que el público consumidor no tenga problemas de aprovisionamiento.

En ese sentido el especialista en derecho tributario Sebastián W. J. Vázquez, manifestó que siempre es bienvenida cualquier medida que reduzca la carga impositiva de las empresas, si bien hay que analizar con detalle los distintos efectos que puedan tener sobre las cuentas públicas.

“Si la reducción tributaria se traduce en una mejora del margen bruto de la venta de combustible, principal fuente de ingresos de las Estaciones de Servicio, sin dudas es una gran noticia” y agregó que “el expendedor no tiene injerencia ni en su techo (precio de venta al público) ni en su piso (costo de compra del combustible, que incluye al ICL y al IDC), ya que estos importes se discuten y acuerdan en una mesa donde se sientan las petroleras por un lado y el Gobierno Nacional por el otro”.

Se refirió además a la escasa utilidad que le asignan al sector expendedor y el incesante incremento de sus costos de explotación -el laboral y las tarifas, principalmente- que menoscaban día a día al negocio, llevando a la disminución de sus ventas medidas en unidades (litros) y, finalmente, a la pérdida de la bandera.

“Es un camino trágico e inexorable en tanto no exista la posibilidad de incrementar la utilidad del sector, por lo que esta iniciativa apunta certeramente al centro del problema”, expresó Vázquez.

Por otra parte, detalló que junto a la reducción impositiva debiera incluirse la lisa y llana derogación de las modificaciones establecidas por la ley 27.209 por la cual el Estado extendió la zona de consumo exento del Impuesto a los Combustibles Líquidos a la totalidad de las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa, el departamento Malargüe en Mendoza, y el partido de Patagones en Buenos Aires.

“Hoy, y producto de la modificación introducida por la ley 27.430, es una zona donde convive la exención total en el consumo de naftas con la reducción tributaria para gasoil; pero más allá de esta beneficiosa reforma, se viene perjudicando gravemente a los expendedores situados en los límites, modificando una situación que había quedado establecida a partir de junio de 1992”, dijo Vázquez.

Vale recordar que por la ley 27.430, también se derogó el Impuesto al gasoil y el Fondo de Infraestructura Hídrica (que gravaba las naftas) y creó el Impuesto al Dióxido de Carbono, al que somete al mismo régimen exentivo del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Finalmente, desde la FEC precisaron que es necesario que las autoridades y los legisladores tomen nota de la grave situación por la que atraviesan las Estaciones de Servicio para que, junto con los expendedores, se encuentren urgentes soluciones a la falta de rentabilidad y hacer lo imposible para que no cierren más bocas.