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Expendedores de esa ciudad señalan que tres dependencias estatales, tanto de orden local, como provincial y nacional, están encargadas de examinar el tema. Enfrentan mayores costos por la necesidad de contratar profesionales dedicados exclusivamente al cuidado del medio ambiente. Además tienen que anotarse en un registro y pagar una tasa anual
Las estaciones de servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben más inspecciones que las del resto del país porque hay tres organismos gubernamentales que se encargan de fiscalizar que se esté cumpliendo con la normativa estipulada para el tratamiento de residuos peligrosos, tal cual está calificada la venta de combustibles líquidos.
En el control de la actividad confluyen la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo – que por su constitución reúne en su estructura la sinergia del Gobierno de la Ciudad, de la provincia y Nacional -, y el Gobierno de la Ciudad a través de la Agencia de Protección Ambiental.
Luis Navas, asesor legal de la Asociación de Estaciones de Servicio señaló que en esta zona “las bocas de expendio deben inscribirse en un registro por formar parte de una actividad que manipula residuos peligrosos, que implica el pago de una tasa anual que cuesta aproximadamente 3.000 pesos”.
En estas condiciones, el experto en derecho energético denuncia que “las exigencias son cada vez mayores y onerosas”. La más compleja que destaca se refiere al Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, que por su importancia económica y de gestión significa un gran esfuerzo para los expendedores.
“A pesar de toda la normativa vigente, en especial por el último Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1638, sancionado en septiembre de este año, el único seguro que existe en el mercado es el de caución”, explica. Este garantiza al Estado que la remediación será realizada ante un hipotético daño ambiental haciendo responsable del cargo a la estación de servicio. En consecuencia, advierte Navas, “el operador paga por el seguro y paga también por la remediación”.
Por otra parte, agregó que frente a las nuevas obligaciones que se les adjudicaron, “los estacioneros se han visto en la necesidad de contratar a profesionales especialistas en medio ambiente, incurriendo en nuevos costos además de las tasas que abonan”.
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