Los dirigentes Juan Carlos Basílico y Julio Alonso, dieron a conocer la posición de la Federación de Entidades de Combustibles y la Unión de Expendedores de La Plata, sobre la decisión del gobierno nacional de habilitar un aumento de precios al surtidor del 9 por ciento.

Consideraron que no se puede celebrar este aumento porque no cumple con todas las condiciones que debe tener el comercio minorista de combustibles para alcanzar el punto de equilibrio que sostenga los negocios, ante los aumentos de costos fijos y sueldos.

En este sentido, reclamaron al gobierno nacional y a las petroleras que abran el debate para que los pequeños y medianos expendedores de combustibles puedan asegurarse una utilidad acorde a las dificultades económicas actuales.

Advirtieron que a pesar de que se dieron estos incrementos en los valores de los combustibles al público, la presión fiscal y de la carga laboral es superior a lo que puede solucionar un retoque en los números al consumidor y dijeron que actualmente los estacioneros deben recurrir al capital de trabajo para financiar su operatoria

Los directivos recalcaron que es necesario respetar los derechos laborales de los empleados del sector y que siempre se mostraron a favor del diálogo con el sindicato, pero sin embargo, reiteraron la exigencia a la Secretaría de Energía y a las empresas productoras para que “implementen una renta de por lo menos el 16 por ciento de utilidad libre de impuestos para los operadores de cada una de sus redes de comercialización”.

La FEC insiste desde hace varios años en mantener su postura de  exigir una consideración por parte del sector petrolero y una decisión gubernamental que proteja a los asociados como PyMES, para que no sigan cerrando establecimientos y que solamente queden en pie aquellos negocios de gran porte propiedad de las compañías.

De este modo, Alonso y Basílico, aseguraron que “ese porcentaje de rentabilidad es el único número que nos permite mantener viva la actividad sin tener que recurrir a nuestro capital de trabajo y a la desfinanciación de nuestras estaciones, con el consecuente daño hacia la generación y mantenimiento de los puestos de trabajo”.

Según los últimos estudios fiscales del asesor contable de la FEC, Sebastián Vázquez, los componentes que hacen al precio final al consumidor del litro de combustibles, lleva a la necesidad urgente de que  petroleras y Estado analicen junto con las Estaciones de Servicio, la posibilidad resignar unos pocos puntos de sus ganancias y de la recaudación del fisco, para que se incremente la rentabilidad del estacionero PyME, “que siempre resulta ser el último eslabón más débil de la cadena y quien está obligado a enfrentar todo tipo de riesgos, costos, multas e inversiones para sostener la fuente laboral de muchas familias argentinas”, cerró Basílico.