La CATHEDA, la organización gremial que integran entre otras, la Federación del Interior de Trabajadores de Estaciones de Servicio, Garages, Playas, Lubricentros y Agroservicios de la República Argentina; la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos y Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines; comenzó a gestionar la organización para la distribución y aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

Para ello se reunieron con el ministro de Salud, Ginés González García y el secretario de Energía, Darío Martínez, de manera de coordinar la logística con el fin de inmunizar a todo el personal comprendido en la agrupación gremial, en su mayoría esenciales, entre ellos los que prestan tareas en las Estaciones de Servicio.

“Todos los sindicatos cuentan con sanatorios propios, una cualidad que nos facilitará llegar a todos los trabajadores”, señalaron desde la CATHEDA a surtidores.com.ar. “Además contamos con cámaras de alta densidad de frío para preservarlas sin inconvenientes”, agregaron.

Una de las fortalezas de la entidad presidida por Antonio Cassia, quien a su vez es el líder de la Federación SUPeH, que enmarca a los operarios que se desempeñan en las más de 130 Estaciones de Servicio propiedad de YPF, es que Camioneros forma parte de la organización, garantizando la distribución de la vacuna en todo el país.

¿QUIÉNES TIENEN PRIORIDAD PARA RECIBIR LA VACUNA?

Según explican desde el Gobierno, al inicio del plan de vacunación, algunos grupos tienen prioridad sobre otros de acuerdo con la exposición a la enfermedad, por las funciones estratégicas que tengan o por los riesgos que presenten.

Por el momento la estimación es vacunar a 24 millones de personas. La etapa primaria incluye a personal de establecimientos de salud públicos y privados, adultos mayores de 60 años y quienes viven en establecimientos geriátricos, personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de servicios penitenciarios, adultos de entre 18 y 59 años que presentan factores de riesgo, personal docente y no docente de los niveles educativos inicial (jardín), primaria y secundaria, habitantes de barrios populares, personas en situación de calle, pueblos originarios, personas privadas de libertad y migrantes.