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Las empresas del rubro esperan que esta semana el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, determine el costo de la tonelada de acuerdo al volumen mensual que entregan a las petroleras. El corte con gasoil al 7 por ciento todavía no está garantizado pero podría cumplirse a partir de la publicación del nuevo importe para las Pymes
Desde el mes de agosto, cuando el Gobierno Nacional redujo el valor de la tonelada de Biodiesel en un 15 por ciento, las empresas elaboradoras más pequeñas dejaron de producir debido a problemas de rentabilidad. Las conversaciones con los funcionarios encargados sobre el tema siguieron – aunque a puertas cerradas – logrando ajustar el precio para el mes de octubre, pero sin cubrir sus expectativas.
Fue por eso que sólo las firmas integradas continuaron entregando stock a las petroleras, situación que se reflejó en el bajo rendimiento del corte obligatorio con gasoil. En septiembre llegó a mezclarse apenas un 3,5 por ciento, la mitad de lo que establece la Secretaría de Energía.
Sin embargo, según indicaron fuentes del sector “esta semana podría alcanzarse un principio de solución” en caso de que el Gobierno anuncie una nueva escala de precios conforme a la capacidad de producción de cada compañía.
Por lo poco que se sabe ante el hermetismo que caracteriza al oficialismo sería cercano a los 5.200 pesos para las compañías no integradas que elaboran hasta 50.000 toneladas mensuales, otro más bajo para las de entre 50 y 100 mil y uno similar al vigente para las más grandes.
La intención es garantizar la permanencia de las Pymes, que por tener que comprar el insumo básico, el aceite de soja, manejan costos mucho más altos y no pueden continuar en el negocio ante una recompensa tan baja. En total en todo el país son 22 mini industrias y aportan el 50 por ciento de la demanda interna.
Además, por lo general están ubicadas en el interior del país y tienen que transportar la mercadería hasta refinerías de regiones alejadas. YPF, que utiliza el 60 por ciento del Biodiesel, tiene sus plantas en La Plata, Mendoza y Neuquén. Shell, Esso, Oil y Petrobras, en cambio, poseen sus instalaciones sobre el este de Buenos Aires.
Al igual que en otras actividades el Gobierno solicita información precisa sobre costos y rentabilidad. Para tal fin creó la Unidad Ejecutora de Monitoreo, dirigida y controlada por Axel Kicillof y Guillermo Moreno, quienes todos los 15 de cada mes exigen documentación referida a ventas y estados contables.
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