Luego de analizar una serie de números oficiales provistos por la Secretaría de Energía, que muestran que el punto de equilibrio de  una Estación de Servicio blanca es de 320.000 litros mensuales de ventas, de lo cual se desprende que 553 comercios (de un total de 588), o sea, el 94 por ciento  de los mismos, está en una situación de emergencia  total, trabajando a pérdida y, habiendo agotado todos los recursos  económicos que tenían afectados a la actividad y con un importante nivel de endeudamiento, un grupo de operadores sin bandera enviaron un pedido de asistencia a la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont.

Marisa Centenaro, la empresaria que lleva adelante el reclamo, aseguró además que “el nivel de sostenimiento de ventas de una boca de carga de GNC es de 100.000 mts.3  mensuales, pero hay 1.099 comercios de este tipo (de un total de 1.712), o sea, el 65 por ciento, que están en una situación de quebranto”.

En este contexto, solicitó que el organismo rehabilite la moratoria 2020, porque según su opinión, fue “la herramienta que nos ha sido de vital importancia en la supervivencia del último año debido a la pandemia y la profunda crisis que atraviesa el país y que viene de arrastre, a los fines de poder incluir obligaciones tributarias”.

En la carta, los expendedores solicitan planes de pago 120 cuotas y para las obligaciones correspondientes a los recursos de la seguridad social, poder cancelarlas en hasta 60 cuotas, con condonación de intereses (parcial) y multas (total), “con tasas de intereses acorde a la realidad de nuestro sector”, especificaron.

Basaron el reclamo en el hecho de que, el mercado de la comercialización de combustibles es uno de los rubros que tiene niveles de formalidad casi totales, lo que resultan de varios motivos, entre otros, por la relación con empresas petroleras que son definitivamente la únicas recaudadoras de los impuestos internos que gravan los combustibles líquidos.

Además, citaron que el carácter de “empleadores, absolutamente respetuosos de los acuerdos y fiscalizaciones sindicales que rigen la relación con nuestros empleados, convierte en temerario cualquier intento indeseado de precarización”.

Finalmente valoraron que “muchas de nuestras estaciones que prestan sus servicios, están asentadas en los más recónditos lugares de nuestra Argentina, donde a las grandes compañías petroleras no les resulta rentable el negocio”.

Esta situación puntual, convierte según Centenaro, a estos establecimientos en prestadoras de una importante función social, abasteciendo municipios, ambulancias, cooperativas de electricidad, bomberos, policía, etc.

“Los pequeños expendedores particulares impedimos el monopolio, la cartelización y hasta el comercio clandestino a costa, hasta de nuestros propios patrimonio”, finaliza la carta enviada a la AFIP.