Cronología de los reclamos al Gobierno por la situación de los operadores de YPF

El 22 de febrero de este año, apenas dos meses antes de la expropiación de YPF, la Comisión Directiva de la Confederación que representa a las estaciones de servicio se reunió con el Ministro de Planificación Julio de Vido, el Secretario de Energía, Daniel Cameron, el Subsecretario de Planificacion Roberto Baratta y el Viceministro de Economía, Axel Kicillof, para exponerles los problemas de rentabilidad que sufren los empresarios del rubro, centrados en los que sufren la red de operadores de YPF.

En aquella oportunidad, los funcionarios se mostraron en desacuerdo con las políticas que hasta hoy aplica la petrolera y se comprometieron a hacer de interlocutores para revertirlas de una vez por todas. Sin embargo, pasó el tiempo y los expendedores no tuvieron novedades, obligando a los dirigentes a continuar la lucha por las suyas, sin apoyo del Estado.

Tras la nacionalización, la entidad reiteró los reclamos ante el Gobierno Nacional, pero la petrolera estatal sólo ofreció algunos beneficios menores que no alcanzaron a revertir los problemas de rentabilidad de los estacioneros de la red. En ese momento, los dirigentes prefirieron darle tiempo a la nueva gestión para que pueda reacomodarse hasta analizar las alternativas que permitan mejorar la bonificación que perciben por la venta de combustibles.

La paciencia duró hasta el 21 de septiembre, cuando la entidad elaboró una presentación escrita con destino al CEO de la empresa, Miguel Galuccio, en la que exigió la revisión inmediata del pago anticipado del combustible y el reintegro del impuesto a los débitos y créditos bancarios.

Como argumento, la entidad sostuvo que estas imposiciones suponen un incumplimiento contractual que no se condice con los fundamentos básicos que determina el sistema de consignación. En el caso del impuesto al cheque señalaron que “insume aproximadamente un 15 por ciento de la bonificación que reciben las estaciones de servicio”. 

El planteo continuó el primero de octubre, aunque en esta ocasión dirigido a Axel Kicillof, presidente de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, órgano creado por el Decreto 1277, encargado de regular y controlar el sector.

Una vez más, los empresarios se quedaron sin recibir respuestas oficiales ante los temas planteados. Por ese entonces la Comisión de CECHA advirtió: “La situación por la que atraviesan una buena parte de los expendedores de YPF es grave e insostenible. Los ingresos que perciben en concepto de comisión no alcanzan para cubrir los costos operativos e incluso en muchos casos ni siquiera para afrontar el pago de los salarios”, tal cual quedó demostrado en los estudios de costos que elaboró la institución.

Las conversaciones con la petrolera y el Gobierno continúan pero no parece que llegarán a buen puerto. Esta situación preocupa también a la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (FOESGRA), que ante el riesgo de que se sigan perdiendo puestos de trabajo, no descarta parar las actividades en protesta a la gestión de YPF.