Los expendedores de la municipalidad de Bolívar se están en alerta ante unan ordenanza que según los consultados, atenta directamente contra el capital de trabajo de las PyMES expendedoras.

“Es un gravamen injustificado, que nos dejó sorprendidos, preocupados y desorientados, porque desde la política echan mano a cualquier recurso de los pequeños empresarios que damos empleo y que hoy debemos afrontar nuevos aumentos de sueldos, como también elevados costos para sostener los gastos municipales”, dijo a surtidores.com.ar el titular de una operadora de combustibles de Bolívar, Carlos Morales.

El expendedor envió a este medio una copia de la polémica decisión del Ejecutivo municipal que muestra que la nueva fórmula aplicable a la Tasa de Seguridad e Higiene que deberá pagar el rubro de combustibles, cambió respecto del año pasado y que era la misma que para el sector comercial en general.

Los demás colegas de la zona, elevaron su voz contra lo que consideran una discriminación violenta que no resiste razón alguna, en tiempos de crisis, Desde la Cámara de Comercio local, su presidente Jorge Aguirre declaró que están esperando reunirse con el intendente en las próximas horas con la casi seguridad de que al momento de reglamentarse esta nueva norma, finalmente se aplique de manera que lo aportado a nivel impositivo sea descontado de los cargos laborales que pagan los estacioneros.

Hasta el momento, tanto Estaciones de Servicio, como supermercados y demás comercios de mayor magnitud abonan al erario municipal de Bolívar un 4 por mil de la rentabilidad (no de la facturación total) para la seguridad e higiene.

Sin embargo, el concejal de JxC Andrés Porris, negó que en la letra chica de la polémica resolución se contemple alguna devolución fiscal, y explicó que se trata de una modificación inconsulta de la base de cálculo impositivo, la cual es la misma metodología que se le aplica a las entidades bancarias.

El edil advirtió que no tiene ninguna relación la rentabilidad de un banco con la de una Estación de Servicio y lamentó que el intendente compare “un cajero automático con un surtidor”, a la vez que se mostró indignado porque “le sacan dinero a los estacioneros como lo hacen con otros contribuyentes para una contraprestación que finalmente nunca se brinda en beneficio de los vecinos”.

El detalle que comentó el legislador a este medio figura explícitamente escrito en el Artículo 4 de la ordenanza 2772/22, más concretamente, en el inciso E que dice: “Para la venta de combustibles al por menor o por mayor, o cualquiera que los reemplace o modifique según el Código Fiscal de ARBA vigente, se trate de actividad principal o secundaria, indistintamente, se establecen los siguientes mínimos bimestrales: Venta de combustibles al por menor o por mayor, se aplicará la siguiente fórmula polinómica: Tm = $200.000,00 + N Donde N es igual a (($15.000,00*n1) + ($0,50*n2)) Donde n1= Cantidad de surtidores de expendio de combustible Donde n2= Cantidad de litros y/o metros cúbicos despachados mensuales. Se aplicara para aquellos contribuyentes que expendan más de 10.000 litros y/o metros cúbicos mensuales”.