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El desacuerdo sobre cuánto subir la mezcla y qué participación tendrán las plantas independientes se sumó a los reclamos de Córdoba y Santa Fe, cuyos legisladores se negaron a dar quórum.
La discusión por el gasoil pesó en una sesión en la que el proyecto de biocombustibles ni siquiera figuraba en el temario. Los diputados alineados con los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro entraron al recinto, pero permanecieron de pie. A las 12.31, con 126 legisladores sentados y tres bancas por cubrir, Martín Menem dio por caída la convocatoria. La demora de la reforma se sumó a las diferencias con la Casa Rosada por el Presupuesto 2027 y el Consejo de la Magistratura.
“Hubo una serie de provincias que habitualmente acompañaban al Gobierno, que en este caso no lo hicieron”, señaló a Surtidores el diputado nacional por Tucumán Pablo Yedlin, de Unión por la Patria.

La diferencia que mantiene frenada la ley es cuánto biodiesel llevará el gasoil y quién lo proveerá. El Senado aprobó mantener el 7,5 por ciento vigente y elevarlo al 10 por ciento al año de sancionada la norma. El PRO, la UCR y el MID plantearon subirlo al 11 por ciento y extender hasta 2038 el cupo reservado a las plantas no integradas. Desde el peronismo propusieron llevarlo al 12,5 por ciento y preservar la participación de esas empresas.
Para una estación, la diferencia se ve en cada entrega. Mil litros de gasoil contienen hoy 75 litros de biodiésel. Con la media sanción del Senado serían 100 y, con las alternativas que se discuten en Diputados, 110 o 125. El efecto sobre el costo de reposición dependerá del precio al que las mezcladoras compren ese volumen y de cuánto trasladen los proveedores a sus clientes. El texto aprobado en la Cámara alta prevé un sistema de subastas para las compras destinadas a cumplir con la mezcla obligatoria.
Yedlin también cuestionó el reparto de los recursos que recauda la Nación por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono. Su planteo puso el acento en el destino de los fondos pero apuntó además al impacto que causa en el nivel de ventas de las estaciones y el poder adquisitivo de los consumidores. La discusión por la recaudación sobre los combustibles ya había aparecido en las negociaciones del Presupuesto 2027, ligada a los pedidos provinciales de financiamiento para obras viales. “Para las bocas de expendio que trabajan sobre rutas, esas obras inciden en el tránsito del que dependen sus ventas”, aclaró el legislador.
El diputado tucumano incluyó entre los pendientes el proyecto de emergencia PyME, que abarca cuestiones fiscales, financieras, laborales y tarifarias. “Para una estación encuadrada como MiPyME, la discusión se traduce en gastos concretos”, opinó el entrevistado.

Recordó que una factura de electricidad más alta pesa sobre la operación diaria y el acceso al crédito puede definir si el operador renueva un surtidor o posterga la compra. “Es preciso ampliar el acceso a los incentivos a la inversión para que una estación pueda renovar equipos aunque el monto quede por debajo de los mínimos actuales”, recalcó.
En ese sentido coincidió con otros pares en que cada aumento del combustible puede elevar la facturación en pesos sin mejorar la rentabilidad y complicar el acceso a beneficios ligados a la categoría MiPyME.
Al volver sobre el reparto de los recursos, Yedlin planteó que la Nación debe revisar cómo distribuye lo que recauda o asumir las inversiones que le corresponden. “No está invirtiendo en salud, no está invirtiendo en educación y no está invirtiendo en obra pública”, afirmó.
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