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La iniciativa que analiza el Senado podría ampliar las alternativas comerciales para los operadores independientes, aunque la inversión requerida y la generación de demanda serán determinantes para que la oportunidad se concrete.
Los cambios propuestos para el régimen de biocombustibles que está a punto de ser aprobado por el Congreso Nacional, no se limitan a los porcentajes de mezcla. El texto bajo análisis también introduce modificaciones en la comercialización minorista que podrían ampliar la oferta disponible para los consumidores y sumar nuevos actores a un segmento hasta ahora acotado.
Entre esas novedades aparece la posibilidad de instalar surtidores adicionales destinados al expendio de biocombustibles en estado puro o con una proporción superior a la exigida a nivel nacional. A su vez, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires quedarían facultadas para impulsar programas que fomenten cortes por encima de los mínimos establecidos, del 15 por ciento para el bioetanol y del 10 por ciento para el biodiesel.

Mariano Santillán, director provincial de Biocombustibles y Bioenergías de Córdoba, señaló en diálogo con Surtidores que esa modificación podría generar una nueva vía comercial para las estaciones blancas.
“Se habilita la posibilidad de incorporar un surtidor adicional para el expendio de biocombustibles en estado puro o mezclas superiores. Antes esto no estaba permitido y ahora se incorpora, es una muy buena señal”, comentó.
El funcionario explicó que cualquier programa provincial necesitará una red capaz de abastecer a los consumidores y consideró que los establecimientos sin bandera podrían ocupar un lugar relevante en esa expansión.
“Para que se concreten estos programas van a hacer falta las Estaciones de Servicio. Fundamentalmente las blancas, que son un segmento que muchas veces quedó relegado”, sostuvo Santillán.
Si la norma es aprobada, una boca de expendio podría ofrecer, por ejemplo, naftas con más de 15 por ciento de bioetanol o gasoil con una participación de biodiesel superior al 10 por ciento. La adopción sería voluntaria y quedaría condicionada por la demanda, la compatibilidad del parque automotor y la conveniencia económica para cada operador.
Uno de los puntos todavía sin resolver es el costo de adaptación. El articulado no determina quién financiará eventuales modificaciones de tanques, cañerías, surtidores, sistemas de medición y cartelería, una definición clave para establecer si esta alternativa puede convertirse efectivamente en un negocio rentable.

EL RECLAMO DEL SECTOR PARA ACELERAR LA LEY
Las declaraciones de Santillán también aportan otro dato sobre el trámite de la iniciativa. El funcionario señaló que las cámaras y asociaciones vinculadas a los biocombustibles, los aceites y otros sectores de la cadena realizaron un pedido conjunto para que el proyecto tenga pronto tratamiento en el Congreso.
La solicitud responde a una evaluación compartida sobre las limitaciones del régimen vigente. “La ley actual no genera mercado”, afirmó, quien consideró que cualquier modificación que mejore las condiciones actuales puede favorecer el desarrollo de la actividad.
En ese sentido sostuvo que resulta necesario que los distintos sectores vinculados a la producción y comercialización acompañen el proceso parlamentario y contribuyan a alcanzar los consensos necesarios para que la iniciativa avance.
“Si las provincias desarrollan programas con mayores porcentajes de biocombustibles, las bocas de expendio podrían convertirse en una pieza necesaria para llevar esos productos al consumidor. En particular, las estaciones blancas tendrían la posibilidad de ocupar un espacio dentro de ese mercado, siempre que las condiciones de inversión y demanda hagan viable la incorporación del nuevo servicio”, concluyó Santillán.
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