El nuevo riesgo que enfrentan los puntos de carga para vehículos eléctricos

La expansión de los vehículos eléctricos está impulsando la instalación de nuevos puntos de carga en Uruguay, pero el crecimiento también comienza a traer desafíos que hasta hace poco eran ajenos al sector. Entre ellos aparece el vandalismo y, particularmente, la sustracción de cables, un problema capaz de dejar inoperativo un equipo durante semanas.

eOne registró recientemente su primer episodio de este tipo en el país. En una misma noche fueron sustraídos cinco cables, pertenecientes a equipos de 180 kW. Si bien contienen una cantidad considerable de cobre, desde la compañía entienden que el atractivo para el mercado ilegal no necesariamente guarda relación con el perjuicio que genera su desaparición.

“El daño económico por no tener disponible ese cargador es mucho mayor que el valor del cable y su sustitución”, explicó a Surtidores, Pablo Cabalo, jefe de Operaciones de eOne.

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EL MAYOR COSTO ESTÁ EN LA DISPONIBILIDAD

Para quienes administran un punto de carga, el problema no termina con la pérdida del componente. La verdadera dificultad aparece cuando el equipo deja de prestar servicio.

Si existe una unidad de reemplazo disponible, la intervención puede resolverse en uno, dos o tres días. Sin embargo, mantener un inventario permanente supone una erogación difícil de absorber, especialmente cuando la cantidad de dispositivos instalados continúa aumentando.

La situación se vuelve más compleja cuando no hay repuestos. Los cables utilizados en estos equipos tienen conectores crimpados de fábrica, lo que dificulta su reparación con herramientas disponibles localmente.

Por ese motivo, en muchos casos es necesario importar una nueva unidad. Entre la emisión de la orden de compra, la logística y el traslado, los plazos pueden extenderse considerablemente. Cabalo estimó que cada componente tiene un valor de alrededor de US$ 1.000 y algo más puesto en Uruguay. Sin embargo, el verdadero impacto aparece cuando el equipo queda inutilizado durante el período necesario para conseguir su sustituto.

Según explicó, sin stock disponible un cargador podría permanecer fuera de funcionamiento durante un mes y medio o incluso dos meses.

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CORTAR UN CABLE PUEDE LLEVAR APENAS 20 SEGUNDOS

La modalidad detectada hasta ahora tampoco requiere herramientas sofisticadas. Los delincuentes utilizaron una sierra para seccionar los conductores. El cobre es un material blando, por lo que el procedimiento puede concretarse en aproximadamente 20 segundos.

La exposición, además, varía según el lugar donde se encuentre instalado el equipo. Cabe destacar que estos centros, si bien eran privados, no eran Estaciones de Servicio. Un emplazamiento con buena iluminación, cámaras y vigilancia ofrece mayores posibilidades de detección que una ubicación aislada.

Uno de los casos registrados resulta particularmente llamativo porque ocurrió en un establecimiento que contaba con cámaras y una garita de seguridad. El hecho quedó registrado por el sistema de videovigilancia, pero los responsables simularon estar utilizando normalmente el equipo mientras realizaban el corte. El personal de seguridad interpretó que estaban realizando una carga y no advirtió la maniobra.

EL CRECIMIENTO DE LA RED TAMBIÉN AUMENTA LA EXPOSICIÓN

Cabalo señaló que, a medida que aumenta la cantidad de puntos disponibles en las calles, también puede crecer el interés de quienes buscan obtener cobre. Pero existe un segundo factor que preocupa a los operadores. La comercialización de vehículos eléctricos está avanzando a una velocidad superior a la capacidad de instalación de nuevos equipos.

“En Uruguay no tenemos hoy una cantidad de cargadores suficiente como para que varios episodios de robo de cables no muevan la aguja”, sostuvo.

Esto significa que un número relativamente reducido de incidentes puede tener una repercusión significativa sobre la disponibilidad general. Cuando un punto queda inutilizado, existen menos alternativas inmediatas para los usuarios que necesitan realizar una carga.

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PROTEGER EL EQUIPO TAMBIÉN TIENE UN PRECIO

Existen distintas soluciones destinadas a dificultar la sustracción, aunque su implementación masiva presenta limitaciones económicas. Entre las alternativas mencionadas aparecen camisas o mallas fabricadas con aceros de mayor dureza, cuya función es retardar el corte y hacer más complejo el procedimiento.

También existen sistemas que incorporan pequeños conductos con líquido y tinta. Cuando se produce una rotura, el contenido se libera y mancha tanto al responsable como al área circundante, generando un efecto disuasorio.

Otra posibilidad consiste en utilizar envolventes que protegen físicamente el cable y permanecen bloqueadas hasta que se presenta un usuario autorizado. Esta última alternativa requiere, además, modificaciones en distintos niveles tecnológicos. La aplicación debe poder gestionar la autorización y el firmware del equipo necesita comunicarse con el mecanismo de bloqueo. Por ese motivo, desde eOne consideran que actualmente estas soluciones no justifican el desembolso necesario para incorporarlas de manera generalizada.

LA SEGURIDAD GANA PESO AL ELEGIR DÓNDE INSTALAR

Los episodios registrados llevaron a la empresa a aumentar la atención sobre las condiciones de seguridad de los establecimientos que incorporan puntos de carga. La recomendación apunta a medidas relativamente sencillas: buena iluminación, cámaras, visibilidad desde distintos sectores y, cuando sea posible, personal de vigilancia.

La intención es elevar las posibilidades de detección y reducir el atractivo de una ubicación para quienes intenten intervenir el equipo. A partir de ahora, explicó Cabalo, la selección de nuevos emplazamientos contempla con mayor atención estos factores. No alcanza solamente con que exista demanda potencial: también importa que el lugar cuente con condiciones adecuadas para preservar la instalación.

Para las Estaciones de Servicio que incorporen electromovilidad, esta variable empieza a adquirir mayor relevancia. La ubicación puede incidir tanto en la experiencia del usuario como en la protección de una inversión que todavía tiene un costo significativo.

El episodio también puso sobre la mesa una cuestión logística, ya que contar con algunas unidades permite resolver rápidamente un hecho puntual. Sin embargo, disponer de una cantidad equivalente a todos los componentes instalados implicaría inmovilizar un volumen de recursos difícil de justificar.