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La entidad solicitó al Ministerio de Desregulación del Estado una prórroga para aplicar el sistema de marcador químico dispuesto por ARCA.
Apenas semanas después de haber planteado sus reparos a la implementación del régimen de marcador y reactivo dispuesto por ARCA, la Asociación de Operadores de YPF volvió a la carga con un pedido formal dirigido al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Esta vez, la entidad solicitó una prórroga específica para la red de Estaciones de Servicio YPF y propuso abrir una instancia de diálogo técnico antes de que la obligación alcance a sus operadores.
La nueva presentación no cuestiona el objetivo de la normativa. De hecho, la asociación deja expresamente sentado que comparte la necesidad de fortalecer la transparencia, mejorar la trazabilidad y desalentar maniobras irregulares en la comercialización de combustibles. El eje del planteo pasa por otro lado: sostiene que la resolución fue concebida para un esquema de distribución general y no contempla el funcionamiento particular de la red YPF.

Según explican, la principal diferencia radica en el sistema de consignación con el que trabaja la compañía. En ese modelo, el combustible permanece bajo propiedad de YPF hasta que es vendido al consumidor final. Además, la petrolera administra de manera centralizada el abastecimiento, la logística, la reposición de producto, el control de inventarios, la política comercial y la facturación, mientras que el seguimiento de cada envío se realiza mediante plataformas tecnológicas que permiten monitorear los movimientos de la red prácticamente en tiempo real.
Para AOYPF, ese esquema ya garantiza un elevado nivel de control sobre cada litro que ingresa y se comercializa en las estaciones. Por ese motivo considera que incorporar un nuevo procedimiento basado en reactivos químicos terminaría generando una superposición de mecanismos de fiscalización sobre un sistema que, según afirman, ya dispone de herramientas suficientes para detectar desvíos o inconsistencias.
Sin embargo, el mayor foco de preocupación está puesto en las consecuencias operativas. La entidad advierte que la aplicación inmediata del régimen implicaría modificar las rutinas durante la recepción de combustibles, extender los tiempos de descarga, incorporar nuevas tareas administrativas y capacitar al personal para manipular reactivos específicos, con el consiguiente aumento de la complejidad en la operatoria cotidiana.
Los empresarios también plantean un aspecto que consideran especialmente delicado: la posibilidad de asumir responsabilidades derivadas de un procedimiento que, por la propia estructura del sistema de consignación, no depende exclusivamente de ellos. En la nota enviada al Ministerio remarcan que buena parte de las decisiones vinculadas al abastecimiento, control de stock y seguimiento del producto son administradas directamente por YPF, por lo que entienden que trasladar nuevas obligaciones a las estaciones podría generar una situación de difícil resolución.

Frente a este escenario, AOYPF propuso conformar una mesa de trabajo integrada por representantes del Ministerio de Desregulación, ARCA, la Secretaría de Energía, YPF y la propia asociación. La intención es revisar el alcance de la resolución y evaluar alternativas que permitan cumplir con los objetivos fiscales sin imponer exigencias que, a juicio de la entidad, no aportan beneficios adicionales sobre una red que ya opera con elevados estándares de control.
Otro de los puntos destacados en la presentación es que el pedido no busca una excepción permanente. La asociación aclara que la solicitud apunta únicamente a obtener el tiempo necesario para analizar la modalidad de aplicación de la norma en un modelo comercial que consideran diferente al resto del mercado. En ese sentido, insisten en que el tratamiento diferencial no implicaría reducir los niveles de fiscalización, sino adecuar la implementación a una estructura operativa que posee características propias.
La nota concluye con un mensaje de colaboración institucional. AOYPF manifiesta su disposición a participar en todas las instancias técnicas que sean convocadas y sostiene que es posible compatibilizar los objetivos de control tributario con la sustentabilidad operativa de las Estaciones de Servicio. Ahora la decisión queda en manos del Gobierno, que deberá definir si mantiene el cronograma previsto o acepta abrir una negociación específica para la principal red de expendio de combustibles del país.
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