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Martes, 07 de julio 2026
Tratamiento y disposición final
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Las bocas de expendio podrían convertirse en el punto de venta de productos obtenidos a partir de materiales que hoy representan un importante pasivo ambiental. El autor del proyecto explica los alcances de la iniciativa.
La evolución tecnológica y la búsqueda de alternativas para diversificar la matriz energética comienzan a abrir un escenario diferente, en el que los estacioneros podrían ofrecer, en el futuro, combustibles elaborados a partir de residuos que hoy carecen de un destino productivo.
Ese cambio de paradigma impulsó un proyecto que analiza la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, para establecer un régimen integral de generación, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de aceites vegetales usados, evitando que terminen en desagües, cursos de agua o basurales y promoviendo su reutilización para la elaboración de nuevos combustibles.
En cada cambio de aceite de un vehículo, se genera material dañino para la salud ambiental. Empresas argentinas hacen de este desecho, gasoil y fuel oil reutilizable en maquinaria pesada. Buscan proveer de este producto a las plantas radicadas en Vaca Muerta
La iniciativa instala una pregunta que interesa a toda la actividad: ¿podrá la red de Estaciones de Servicio convertirse, con el paso de los años, en el canal de comercialización de una nueva generación de combustibles obtenidos a partir del aprovechamiento de residuos?
El autor del proyecto, el diputado provincial Martín Rozas, propone la creación de un sistema que permita identificar a los grandes generadores, registrar a todos los operadores involucrados y garantizar la trazabilidad del material desde su origen hasta su procesamiento final.
La intención es poner fin a un circuito que hoy funciona, en muchos casos, sin controles suficientes. Miles de litros de aceites usados son descartados de manera incorrecta, provocando contaminación, obstrucciones en la infraestructura sanitaria y elevados costos para los municipios.
“Lo que buscamos es que la Provincia deje de tratar estos residuos como un problema aislado y empiece a verlos como parte de una política moderna de gestión, control y aprovechamiento energético“, explicó Rozas en diálogo con Surtidores, al fundamentar el expediente.
El proyecto establece obligaciones para generadores, empresas recolectoras, transportistas, operadores de almacenamiento, plantas de tratamiento y productores de biocombustibles. Además, crea un registro provincial obligatorio para todos los actores que intervienen en la gestión de los aceites vegetales usados, quienes deberán contar con la correspondiente certificación ambiental.
También designa como autoridad de aplicación al organismo ambiental bonaerense, que tendrá facultades para reglamentar el sistema, realizar inspecciones, coordinar acciones con los municipios y aplicar sanciones en caso de incumplimientos.
El presidente del Bloque Unión y Libertad sostuvo se abre una perspectiva para toda la cadena energética. “A medida que se consoliden procesos industriales que permitan transformar estos residuos, las Estaciones de Servicio podrían convertirse en el punto de llegada de esos productos. Por eso creemos que es importante empezar a ordenar el circuito desde el origen, garantizando trazabilidad y reglas claras para todos los actores“, señaló.
La experiencia internacional demuestra que distintos mercados ya utilizan aceites vegetales recuperados para elaborar combustibles destinados al transporte. En ese contexto, Argentina comienza a debatir cómo organizar ese circuito antes de que la demanda por este tipo de alternativas cobre mayor impulso.
El proyecto parte de la premisa de que los aceites vegetales usados constituyen un alto potencial contaminante cuando son descartados de manera incorrecta, pero que al mismo tiempo representan un recurso estratégico para la producción de energías renovables. En ese sentido, combina medidas de protección ambiental, gestión eficiente de residuos y promoción de la economía circular mediante un esquema de control estatal sobre toda la cadena de tratamiento.
“No sólo estamos impulsando una política para proteger el ambiente. También estamos creando un marco normativo que permita recuperar un recurso con valor energético, promover la producción de nuevos carburantes y dar previsibilidad a todos los actores que intervienen en esta actividad, con reglas claras“, concluyó Rozas.
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