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El Gobierno de la Ciudad evalúa la posibilidad de gravar con una nueva tasa a las naftas y el gasoil para transferir recursos al Subte. Las estaciones de servicio de la zona podrían perder ventas con otras del Gran Buenos Aires por la diferencia de precios que se generaría. Temen que se profundice el cierre de comercios
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, estudia implementar un gravamen sobre los combustibles líquidos para dotar de recursos económicos al subte, llegado al caso de que no tenga otra opción que aceptar el traspaso. Hasta el momento se trata sólo de un proyecto, que si bien para ser aprobado tendría que ser discutido primero en la Legislatura, se da por descontado que la mayoría del oficialismo le daría el visto bueno.
Luis Navas, vocero de la Asociación de Estaciones de Servicio (AES) explica que “esta medida perjudicaría a los expendedores de la Capital Federal porque los automovilistas tendrían a su alcance la posibilidad de cargar en las bocas del Gran Buenos Aires”, que se estima que una vez que se aplique el impuesto tendrían precios más bajos.
En los últimos años, critica el dirigente, “han desaparecido numerosas estaciones de servicio por rentabilidad negativa y el Gobierno local no tomó ningún tipo de medida para evitar la situación”. En estas condiciones económicas que atraviesan los empresarios es que se cuestiona la decisión del Ejecutivo local de imponer una tasa sobre las naftas para darle otro fin, como sería el manejo de los subtes.
“Esperamos que nos convoquen como Asociación para consultar e intercambiar ideas sobre esta medida”, reclama Navas, que a priori considera que “es totalmente negativa para el sector”, pese a desconocer la carga fiscal que se busca fijar.
En definitiva, compara, Macri busca imitar la decisión que tomó el Gobierno de la provincia de Córdoba que impuso recargos de 40 centavos por litro de nafta Premium y gasoil ultra, 30 centavos en la nafta súper, 20 sobre el gasoil común y de 15 centavos por metro cúbico de gas natural comprimido (GNC) para financiar obras públicas.
Tal cual quedó demostrado a los pocos días de entrar en vigencia, en esta región los puestos de carga disminuyeron hasta un 30 por ciento las ventas por tener que enfrentar una situación de competencia desfavorable frente a los locales de las provincias vecinas. Navas advierte que esto ocurrirá también en la Capital Federal, incluso con mayores consecuencias por la cercanía a los establecimientos del Gran Buenos Aires.
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