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Especialistas en energía explican que por ser director de YPF y a la vez presidir la Comisión que regula al sector petrolero está incumpliendo con la ley de ética pública, que establece que “una persona que controla no puede tener una actividad en aquello que es controlado”. Shell fue la única petrolera que se animó a denunciar la situación
Tras la expropiación de las acciones del Grupo Repsol, YPF conformó un nuevo directorio, donde el Estado nacional obtuvo la mayoría de los representantes. Una de las bancas fue asignada al Viceministro de Economía, Axel Kicillof, quién lentamente fue tomando cada vez más injerencia en los asuntos de la industria petrolera.
Al poco tiempo, el Gobierno sancionó el Decreto 1277, que entre otras cuestiones, devolvió al Estado la potestad para controlar, dirigir y regular toda la cadena de comercialización de hidrocarburos, tras décadas de sufrir las consecuencias productivas de la desregulación.
Se formó así la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, encargade de marcar las políticas estructurales para el sector. En esta ocasión, Kicillof también fue el elegido por la Casa Rosada para tomar las riendas y fue nombrado presidente.
Según explica el ingeniero Gerardo Rabinovich, Vicepresidente 2º del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi “Kicillof se tendría que apartar de alguna de las dos funciones que asumió porque son incompatibles”. Es que las responsabilidades que adquirió el funcionario supone una violación a la ley de ética pública, que impide a una persona que tiene como misión controlar una actividad forme parte de la misma, como en este caso, en YPF.
Además, el Estado obtiene así información de las empresas de la competencia, como Shell, Esso, Oil Combustibles y Petrobras, entre otras dedicadas a la misma actividad. Por medio de la Resolución 3/2012, la Comisión exigió a las compañías información detallada sobre participación de mercado, ventas, planes de inversión, facturación de los últimos años y estados contables, además de otras precisiones.
Hasta el momento la única empresa que denunció la superposición de funciones fue Shell, al presentar un recurso administrativo de queja ante la Secretaría Legal y Técnica de la Nación. Así y todo, Rabinovich supone que Kicillof no va a renunciar a ninguno de sus puestos y descarta que el incumplimiento de la normativa seguirá vigente, hasta nuevo aviso.
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