En todo el país
Se trata de un Proyecto del Bloque oficialista que modifica los Artículos 40 y 48 de la Ley de Tránsito referidos a los requisitos para poder circular. Prohíbe suministrar y vender combustible a aquellos conductores de motocicletas que no estén equipadas con los cascos necesarios.
La restricción a las estaciones de servicio de todo el país de suministrar nafta a aquellos motociclistas que concurran al surtidor sin su casco reglamentario está a punto de hacerse realidad si finalmente se aprueba un proyecto de Ley que modifica los Artículos 40 y 48 de la Ley de Tránsito N° 24.449 referidos a los requisitos para poder circular.
Se trata de una iniciativa del legislador oficialista Guillermo Durand Cornejo basada en las crudas estadísticas de accidentes viales que dan testimonio de las imprudencias cometidas por los conductores de diferentes tipos de vehículos, que al margen de las diversas y diferentes causas, siempre se vinculan con la omisión del cumplimiento de la legislación vigente en la materia que tiene por objeto preservar las vidas humanas.
El Diputado salteño puntualiza en su propuesta la prohibición a las estaciones de servicio de todo el país de vender combustible a los conductores de motocicletas que no estén equipadas con los cascos necesarios conforme a los ocupantes de la misma.
Asimismo exige a las bocas de expendio exhibir un letrero con la consigna: “Sin casco no hay combustible” (Ley 2449).
“Es sabido que nuestra legislación contempla el uso obligatorio del casco pero resulta menester reducir las posibilidades de omitir esta responsabilidad por lo que se propone a través del presente proyecto la prohibición del expendio de combustible a aquellos motociclistas que no estén provistos del casco correspondiente, incluyendo los de su acompañante en caso de tenerlo”, remarca Durand Cornejo.
La moción no establece por el momento penalidades o multas para el comercio, aunque de aprobarse seguramente su reglamentación posterior definirá las responsabilidades de quienes deben hacer cumplir la obligación.
Los expendedores por su parte, expresaron su rechazo a la delegación de responsabilidades del Estado a manos de privados, así como la imposición de sanciones, debido a los problemas potenciales que acarrea para el negocio, principalmente vinculados a la seguridad de los empleados y la estabilidad laboral.
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Me parece una total falta de capacidad de gestión y ejecución por parte de los ejecutivos, poner en manos de un privado la responsabilidad de hacer controlar dicha legislación,
Me da la sensación que las provincias, municipios, comunas, etc se quieren sacar la responsabilidad