Vecinos denuncian a diario supuestas irregularidades en estaciones de servicio

La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional, cuya misión es la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales frente a hechos de prestadores de servicios públicos, informó que recibe a diario denuncias de vecinos que se quejan de molestias e irregularidades ocasionadas por diversas estaciones de servicio.

El organismo que conduce Alicia Pierini detalló que la mayoría de las actuaciones son por supuestas emanaciones de combustible que vulneran el estado de seguridad de los establecimientos. Asimismo muchas de ellas están relacionadas con el control de la vigencia de las habilitaciones municipales y las condiciones de funcionamiento.

Claro que también hay de las otras, aquellas que por su tenor rozan lo insólito, como la radicada contra una boca de carga de gas natural comprimido (GNC), en la que un ciudadano cuya vivienda se encuentra lindante al establecimiento, recriminó que por momentos “los olores del lugar le hacen doler el estómago”, razón por la cual solicitó saber si hay algún tipo de control al respecto. 

Si bien las irregularidades detectadas en las estaciones de servicio denunciadas fueron encauzadas en las distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad, la dependencia advirtió que este tipo de actividad “resulta potencialmente riesgosa y ambientalmente comprometedora, por lo que requiere de la realización de controles exhaustivos”

La aclaratoria viene a cuento de un fallo judicial reciente que alertó sobre la situación de un edificio de Villa Urquiza que corre riesgo por estar construido sobre una antigua estación de servicio. Según informes técnicos de la causa, fue construido sobre un suelo que “presentaba concentración de hexano, benceno e hidrocarburos” y “no había sido correctamente tratado, lo que motivó que con fecha 13 de noviembre de 2009 se dispusiera la evacuación por riesgo de explosividad, circunstancia que aún se mantiene”.

Las condiciones de seguridad de las expendedoras también preocupa al ámbito legislativo. Un Proyecto de Comunicación presentado por el Senador Nacional Roberto Basualdo exige conocer si se cumplen los controles para corroborar estudios sobre impacto ambiental. “Sabemos que se trata de una industria que presta un servicio necesario, pero a su vez implica un riesgo, el que es asumido por la comunidad, por ello la necesidad de asegurar el respeto por los derechos de los demás y una convivencia sana, respetando normas internacionales, nacionales y locales”.