Desde hace 22 años, los operarios que prestan funciones en OPESSA, compañía subsidiaria de YPF que administra sus bocas de expendio propias de la red, están encuadrados en el SUPEH. De acuerdo a datos de la institución, hay 5.000 afiliados actualmente.

Sin embargo, también desde hace larga data, FOESGRA reclama al Ministerio de Trabajo que le transfiera la representación, aludiendo que ofrece mejores sueldos y el Convenio Colectivo de Trabajo más apto para el rubro, el mismo que rige para todas las estaciones restantes, ya sean gestionadas por petroleras o expendedores independientes.

Es por los intentos de FOESGRA de avanzar en esta dirección que dirigentes del SUPEH se manifestaron en “Estado de Alerta y Movilización”. En contacto con surtidores.com.ar, fuentes de la organización obrera advirtieron que de no haber respuestas “vamos a tener que hacerle un paro a Mauricio Macri”.

“Dicha Organización Sindical, una vez más, recurre a mecanismos administrativos o judiciales con el objeto de discutir nuestro encuadramiento gremial sobre los trabajadores de OPESSA, desconociendo nuestra representación de más de 20 años. Para ello ha utilizado, incluso, una acción de amparo en la Ciudad de Resistencia que logramos vencer judicialmente, pero que hasta hubiera generado pérdidas en los salarios de los compañeros”, señala un parte de la agrupación.

En definitiva, reclaman a la cartera laboral que tome cartas en el asunto y dé por finalizada la discusión. Pero mientras tanto, SUPEH planifica una suerte de “plebiscito”, para consultar a los empleados bajo qué sindicato quieren estar encuadrados.

El miércoles 9 de diciembre, Antonio Cassia, titular de la Federación SUPeH, comentará a los afiliados los pasos a seguir, en una reunión de la Comisión Directiva, en la que se analizarán el balance y las memorias de este año. “Vamos a fijar fechas de asamblea en cada estación de servicio y los dirigentes van a explicar lo que está pasando”, señaló un directivo a este medio.

El conflicto entre estos dos actores del rubro llegó a la Cámara Nacional del Trabajo, dependiente del Poder Judicial, quién deberá fallar en función de los argumentos esgrimidos en el expediente.