Días atrás, este medio se hizo eco de un Proyecto del Diputado  Héctor Tomas, el cual propuso un impuesto sobre el gas natural distribuido por redes con destino a solventar el uso gas natural comprimido para el uso como combustible en automotores tras el tarifazo aplicado por el Gobierno.

La iniciativa del legislador se funda en garantizar la subsistencia misma de gran parte del parque de estaciones de servicio y del resto de los actores de la industria (fabricantes de equipos de compresión, almacenamiento, surtidores y talleres de instalación de equipos de GNC para automotores), a la vez que se atenta contra la rentabilidad razonable y esperada por las bocas de expendio que merced a los altos volúmenes comercializados puedan evitar la bancarrota o cubrir a duras penas sus costos operativos.

Tomas sugiere un auxilio en forma de impuesto que se determinará aplicando una alícuota del 16 por ciento sobre el precio al consumidor, el que resultará del neto del precio facturado a las estaciones de servicio al que se deducirá el importe correspondiente al precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, y al que se adicionará un importe o porcentaje representativo del margen de la boca de expendio al público que fijarán periódicamente de manera general y en forma regular, mediante resolución conjunta, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía de la Nación, en función de las variaciones del precio final de mercado.

Al respecto el ex Subsecretario de Combustibles de la Nación, Alberto Fiandesio indicó que se aumente la alícuota a los efectos de lograr el mismo monto de impuesto que en el proyecto original. “La sugerencia responde a que el cálculo (teórico) del margen de la boca de expendio es muy dificultoso y lleva (o llevó) a que la administración termine por no aprobarlo”, señaló.

Fiandesio explica que el cálculo se inicia con una recopilación de precios finales de venta de GNC en todo el país que realiza el ENARGAS, quien, a su vez, informa mensualmente a la Ex Secretaría de Energía, quien realiza el cómputo tomando valores promedio de gas, transporte y distribución por cada zona del país y así llegar al margen del operado de la estación.

“En los últimos años (muchos) la SE cumplió con su misión de realizarlo, pero como se trata de una aprobación conjunta con la Secretaria de Hacienda  el expediente siempre se perdió en los vericuetos burocráticos y el impuesto no se actualizó. Los principales inconvenientes fueron el paso por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y, a posteriori, por la Comisión creada por el Decreto 1277”, precisó el ex funcionario.

“Es probable que la alícuota que resulte del cálculo sea un poco elevada porque la base imponible será baja (transporte+distribución) pero es mucho más fácil de calcular y puede ser agente de retención la propia distribuidora que suministra el gas a cada estación ya que tiene todos los datos a la vista”, puntualizó al tiempo que concluyó: “También los estacioneros tendrían los datos a la vista haciendo previsible el valor del impuesto”.