Preocupación en el sector por una iniciativa legislativa que impone nuevas responsabilidades a las Estaciones de Servicio

En la provincia de Buenos Aires comenzó a tomar forma una iniciativa legislativa (ver al pie) que promete abrir un nuevo frente de debate entre el sector político y las Estaciones de Servicio. El proyecto busca que los playeros asuman un papel más activo en el control de los vehículos que se acercan a cargar combustible, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad vial y prevenir delitos.

El texto plantea que los expendedores no deberán despachar combustible a autos o motos que no cuenten con la patente colocada o con la documentación que certifique su legalidad. En los fundamentos se sostiene que la medida apunta a desalentar el uso de vehículos sin dominio o con chapas adulteradas, un recurso frecuente en hechos delictivos.

El autor de la iniciativa es el diputado bonaerense Sebastián Pascual, quien explicó a Surtidores que el proyecto “no busca perjudicar a los estacioneros ni a los playeros, sino sumar una herramienta más de seguridad”. Según adelantó, la propuesta no se tratará este año, aunque se espera que ingrese a comisiones durante 2026, cuando podrá ser debatida y eventualmente modificada antes de llegar al recinto.

Analizan prohibir la carga de combustible a vehículos sin patente

Un proyecto ingresado en la Legislatura bonaerense busca endurecer los controles en los puntos de expendio de naftas, gasoil y GNC. La iniciativa apunta a combatir el delito y mejorar la seguridad vial.

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“Esto es una medida similar a la que ya rige para los motoqueros, que no pueden cargar nafta si no llevan casco”, dijo Pascual. “No se trata de cargarles responsabilidades a los trabajadores, sino de poner un obstáculo más al delito, porque muchas veces los delincuentes circulan sin patentes o las quitan para evitar ser identificados por las cámaras de seguridad”, agregó.

Sin embargo, desde la Federación de Entidades de Combustibles expresaron su rechazo a la posibilidad de que deban cumplir funciones que, aseguran, son propias del Estado. “Los estacioneros se niegan a asumir un rol que le corresponde a la policía o a las áreas de tránsito”, advirtió la entidad en declaraciones a este medio, recordando que “no se puede pedir a un empleado que controle lo que el Estado no logra controlar”.

La FEC sostiene que los trabajadores de las estaciones ya están sometidos a una extensa lista de normativas de seguridad e inspecciones técnicas, y que incorporar una obligación de este tipo expondría a los playeros a situaciones de riesgo y conflicto con los clientes. Además, remarcan que cualquier negativa a despachar combustible podría generar tensiones o agresiones, en un contexto donde el personal no cuenta con capacitación ni respaldo legal para ejercer tareas de control.

El presidente de la entidad, Juan Carlos Basílico, fue tajante: “El espíritu de colaborar con la seguridad ciudadana está presente en todas las Estaciones de Servicio, pero eso no puede traducirse en asumir un rol que le corresponde a la policía o a las áreas de tránsito”. Desde la FEC recordaron que en otras oportunidades se intentó imponer medidas similares y que siempre encontraron resistencia por parte del sector.

Pascual, en cambio, insiste en que la medida no implica delegar funciones estatales, sino establecer una simple condición para la venta de combustibles, de la misma forma que se exige el uso del casco o la portación del seguro al día. “El empleado no se convierte en policía, solo debe observar si el vehículo cumple con los requisitos mínimos para ser despachado”, explicó.

Mientras el proyecto aguarda su ingreso formal a comisión en la Legislatura bonaerense, las Estaciones de Servicio observan con cautela la propuesta. En el sector confían en que el debate del año próximo permita introducir modificaciones que contemplen la capacitación del personal y la responsabilidad legal del Estado, evitando que los trabajadores queden en medio de un conflicto operativo y judicial.