Por medio de un sistema de calificaciones, la Ley General de Ambiente 25.675, sancionada el 6 de noviembre de 2002, determina tres categorías para precisar cuáles actividades económicas están obligadas a contratar un Seguro Ambiental Obligatorio (SAO). Por manipular productos inflamables, las estaciones de servicio figuran dentro de la tercera o de mayor gravedad.

En promedio, los seguros de caución, los únicos disponibles en el mercado para este segmento, cuestan algo así como 5 mil pesos mensuales. Es el canon que las bocas de expendio deben afrontar para estar encuadradas en la normativa. En muchas provincias, las autoridades ya están exigiendo su contratación.

Al respecto, Ángel Luis Bigatti, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Formosa, considera que la legislación no puede tener efecto retroactivo. Sostiene que muchos comercios se radicaron hace décadas, por lo que acumulan polución en los terrenos, que no corresponde hacerse cargo al expendedor minorista. “No se puede legislar para tiempos anteriores”, explica el empresario y contador.

No obstante, asegura que hay mayor compromiso por parte de las empresas de la actividad. Cita un ejemplo: “los nuevos tanques de combustibles que se instalan son doble pared”. Y en definitiva, reconoce que “cada vez hay más medidas para evitar daños ambientales”.

Por eso, el dirigente encuentra con expectativas la política medioambiental que asuma la próxima gestión de Gobierno: “no podemos dimensionar el cambio, pero evidentemente esta década va a ser de definiciones”. El rol de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, será determinante.

Y en su opinión, para que los operadores estén en condiciones de abonar la tarifa del seguro, habría que garantizar mayores ingresos: “creo que el problema es analizar la cuestión de fondo y darle mayor rentabilidad a las estaciones. Hay una política en ese sentido por parte de YPF, que ha determinado una comisión mayor para la venta 150.000, y es elogiable. Eso posibilita la existencia de estaciones pequeñas en los pueblos del interior”.

Pero encuentra también aportes por parte de las autoridades: “con que sólo el Estado asuma que somos recaudadores de impuestos, por el riesgo que corremos, ya con eso se solucionaría nuestra situación”.