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Así lo indica la resolución 35/2013 que lleva la firma del Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Es para determinar el precio tope de comercialización de las naftas y el gasoil a aplicar por todos los expendedores desde el día 9 de abril
La Secretaría de Comercio Interior dictó la Resolución 35/2013 que le puso precio tope a los hidrocarburos líquidos que comercializan las estaciones de servicio. La normativa se sustenta en la obligación del Estado Nacional de implementar políticas públicas que tengan como objetivo satisfacer necesidades sobre las cuales se originan derechos de raigambre constitucional, tales como los del consumidor.
La medida, que se mantendrá por los próximos seis meses, comenzó a aplicarse a partir del 10 de abril. Fijó un valor máximo para las naftas y el gasoil igual al más elevado del día 9 para lo cual segmentó el país en regiones.
El artículo tercero señala que a los efectos de su aplicación, quedará a cargo de las empresas dedicadas a la destilación, comercialización del petróleo y sus derivados, informar para conocimiento de sus clientes el precio más alto en cada región. Bajo esta premisa, las petroleras comenzaron a intimar a los estacioneros que conforman su red que les remitan los datos necesarios para cumplir con el mandato de la dependencia a cargo de Guillermo Moreno.
El carácter del requerimiento – declaración jurada – reclama el precio de venta al público de todos los hidrocarburos líquidos, expresados en pesos y litros, indicando dirección de la boca de expendio y razón social.
Las razones de la medida
Al otro día de publicada la Resolución en el Boletín Oficial, la petrolera estatal remarcó sus pizarras 9 por ciento, aumento que replicaron Shell y el resto de sus competidoras. Aunque en la mayoría del país la petrolera anglo-holandesa marca el límite, la dispersión que exhiben las estaciones de la misma empresa permite subir sus valores sin incumplir con la medida.
Según explican desde el Gobierno, el peor problema sectorial no era el ritmo de los aumentos, sino la separación de precios regionales y entre empresas y su impacto sobre YPF. “El objetivo es comenzar a regular un segmento del mercado que hasta ahora no contaba con ningún tipo de control estatal que podría extenderse hacia el resto de los eslabones de la cadena”, sostuvieron.
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