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Martes, 03 de noviembre 2026
Para detectar destinos exentos
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Un análisis del procedimiento pone el foco en el tiempo de trabajo, la preparación del personal y los materiales utilizados. El planteo se suma a las objeciones por las responsabilidades del expendedor.
La aplicación del régimen de trazadores químicos mantiene abiertos los cuestionamientos de las Estaciones de Servicio sobre los costos y las responsabilidades que deben asumir al recibir combustibles. Mientras las cámaras empresarias continúan las gestiones para modificar el mecanismo, los expendedores aportan nuevos detalles sobre las dificultades para cumplir con el procedimiento.
El doctor Raúl Eduardo Piaggio, asesor legal de la cámara de expendedores de Corrientes, brindó a Surtidores información sobre las averiguaciones y el análisis de la maniobra que sustentan esas objeciones. Según la estimación aportada, completar los controles de un camión cisterna puede demandar entre 20 y 60 minutos, dependiendo de la cantidad de muestras que deban procesarse.
El dato amplía una discusión centrada en las obligaciones de registro y las consecuencias de eventuales incumplimientos. El tiempo de trabajo, las condiciones del lugar y la preparación de quien realiza el ensayo también forman parte de la carga que afronta cada establecimiento.
El reclamo tuvo una respuesta del Gobierno en mayo, cuando el subsecretario de Simplificación y Desregulación, Héctor Huici, confirmó a este medio que analizaban posibles modificaciones junto con ARCA. Los empresarios propusieron herramientas tecnológicas y cuestionaron la falta de actualización del monto que pueden descontar del IVA por la compra de reactivos.
En paralelo, la cámara correntina presentó una acción declarativa de certeza contra las exigencias de la Resolución General 5835/2026. La entidad cuestiona que se trasladen tareas técnicas de fiscalización a los operadores privados. Según la última información disponible sobre la causa, el expediente debía avanzar hacia una sentencia sobre el fondo del reclamo. Piaggio anticipó que recurriría una decisión desfavorable, mientras que la presentación no implica, por sí sola, una suspensión general de las obligaciones.
Las pericias aportadas por el especialista muestran qué significa llevar esa exigencia a la práctica. El cálculo de entre 20 y 60 minutos contempla camiones que pueden tener seis o siete compartimentos e incluye todas las etapas del control.
La maniobra comienza con la extracción de combustible de cada compartimento, realizada por el transportista acompañado por el técnico u operario responsable. Después, las muestras deben trasladarse a un espacio apropiado, donde se colocan los elementos de protección y se efectúa la mezcla con el reactivo.
Luego corresponde aguardar el revelado, estimado en tres minutos, observar e interpretar el resultado y registrarlo. El procedimiento continúa con la gestión del combustible ensayado y del material descartable, además de la limpieza y el enjuague de los tubos del kit. Por eso, la duración total supera el tiempo que demora la reacción química.
Piaggio también destacó las condiciones necesarias para desarrollar la tarea: una mesada de trabajo en un lugar ventilado, gafas protectoras, guantes adecuados y precauciones para evitar la inhalación de vapores. Entre las recomendaciones relevadas se menciona como condición ideal contar con una campana de extracción de gases.
La evaluación aportada caracteriza la maniobra como una tarea de dificultad operativa media. Requiere instrucción específica, entrenamiento en prácticas básicas de laboratorio y conocimientos de seguridad química para manipular las sustancias, prevenir salpicaduras, interpretar el resultado y gestionar los materiales utilizados.
Esta preparación es uno de los puntos que los expendedores piden considerar al discutir el régimen. Asignar el control a un trabajador implica capacitarlo y disponer del tiempo y los elementos necesarios para que pueda realizar cada paso en condiciones seguras.
El descarte agrega una responsabilidad posterior al ensayo. Según las consideraciones brindadas por Piaggio, la mezcla de combustible, reactivo y marcador constituye un residuo peligroso y debe manipularse y descartarse como tal. En consecuencia, el costo del procedimiento también comprende la gestión de lo que queda después de realizar la prueba.
Estos elementos refuerzan el argumento de la entidad correntina sobre los límites de las obligaciones asignadas a los contribuyentes. Piaggio había cuestionado que el análisis quedara a cargo del personal habitual de las estaciones y que una eventual anomalía obligara al expendedor a intervenir sobre una operación que involucra a su proveedor y al transportista.
“No existe fundamento para que esa responsabilidad recaiga ahora sobre las Estaciones de Servicio”, sostuvo finalmente el abogado.
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