En el día de ayer, las autoridades de la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización, dependiente de la Subsecretaría de Combustibles, se comunicó telefónicamente con el Presidente de UENYA, Juan Carlos Basílico, para solicitarle toda la información que posee la entidad respecto de los puestos que estarían expendiendo hidrocarburos sin autorización en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a lo informado por Basílico a este medio, desde la Secretaría de Energía, le solicitaron que “acercase a la brevedad ni bien comience a reabrirse la actividad en los edificios públicos, las carpetas que recolectaron los años anteriores”.

Mientras tanto, la autoridad estatal le recomendó al expendedor que siguiera los nuevos descubrimientos, ya que luego de la noticia dada a conocer a través de este medio, la semana pasada, se habían comunicado estacioneros de otras provincias del centro del país, para comentar los mismos problemas.

“Nos dijeron desde el gobierno que ellos tenían entendido que las bocas clandestinas que habíamos logrado clausurar durante la gestión anterior en el año 2017, habían dejado de operar, pero tenemos la certeza, que tras el cambio de autoridades y la llegada de la pandemia, volvieron a trabajar a pesar de que les habían sido retirados los surtidores y desarmado el local”, puntualizó Basílico.

Pero recalcó que “hace pocos días, nuestros asesores que circulan por las rutas recibiendo las inquietudes de los asociados, pudieron percatarse de que han vuelto a la actividad ilegal y además, hay establecimientos que duplicaron la cantidad de surtidores inhabilitados”, denunció.

Por cuestiones operativas, según el testimonio de Basílico, se abrió un canal de comunicación a través de internet para que comience el trabajo de entrega de información y se adelante la acción de los inspectores de la cartera energética.

Finalmente valoró la rápida respuesta de los funcionarios nacionales contra la proliferación de puntos de venta irregular de combustibles líquidos, que de acuerdo a la FEC, “constituyen tanto una competencia desleal hacia el sector formal de distribución y expendio de combustibles de uso automotor, como también una amenaza para la seguridad ambiental”.

Además, comunicó que está elaborando junto al sindicato de empleados, las acciones relativas a impedir estos abusos que no solamente atentan contra el trabajo genuino de los expendedores PyMES, sino también, contra la salud pública.