Un grupo de expertos energéticos de la provincia de Entre Ríos comunicaron a surtidores.com.ar, la presentación a nivel local de un proyecto de ley para “congelar la tarifa eléctrica durante 30 años”.

Aclararon que si bien, se trata en principio de una propuesta local, los basamentos de dicha idea pueden trasladarse a todo el territorio argentino. En ese sentido, los autores consideraron que los servicios prestados por los distribuidores serán ofrecidos a tarifas justas y razonables y en el inciso c, dispone que el precio de venta de electricidad a los usuarios finales, incluirá un término representativo de los costos de adquisición de la electricidad, ya sea a otro distribuidor o directamente del Mercado Eléctrico Mayorista.

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Asimismo, resaltaron que la idea establece que los servicios prestados por los distribuidores de electricidad deben ofrecerse a tarifas justas y razonables, garantizando la representación adecuada de los costos de adquisición de la electricidad.

Enfatizaron en el derecho de los consumidores a que se les facture la luz en base a consumos medidos en períodos regulares y a los precios aprobados, excluyendo cualquier concepto ajeno a la prestación del servicio público de energía.

Los especialistas informaron además que el dictamen insta a la legislatura entrerriana a ordenar a las distribuidoras a través del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) que no incorporen en sus facturas conceptos ajenos al servicio público de distribución de energía eléctrica ni tasas municipales ni tributos provinciales.

En ese contexto los autores proponen dejar sin efecto todas las autorizaciones legales o administrativas conferidas hasta la fecha con relación a la inclusión en las facturas de conceptos ajenos a la prestación del servicio público de adquisición, transporte y distribución.

Por otra parte, la iniciativa impulsa una ley que tácitamente impida la inclusión en la factura eléctrica de cualquier tipo de impuestos, tasas o servicios municipales y/o provinciales.

Se subraya que los usuarios tienen derecho a que se les facture el servicio efectivamente prestado y vinculado con el servicio público de distribución de energía eléctrica, de manera clara y transparente.

“Los distribuidores provinciales y municipales no podrán incorporar en su facturación conceptos ajenos a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica ni conceptos adicionales vinculados al mismo”, detalla el texto del trabajo.

Finalmente, recalcaron que una acción legal de esta naturaleza podría mejorar sustancialmente el esquema de costos, especialmente para las Estaciones de Servicio, aliviando así la carga económica que actualmente enfrentan debido al alto precio de la energía eléctrica.