Dificultades para afrontar las obligaciones
El Empresario Francisco Villar, Presidente de Gas 2000, empresa que posee estaciones de servicio en varias localidades del país, alertó que los funcionarios del Estado “carecen de sensibilidad y conocimiento del sector”. Analizan presentar un amparo
“Es muy oportuno que se entienda que existen posibilidades judiciales para defender nuestro patrimonio y las fuentes de trabajo de nuestros empleados y obreros”, destacó Francisco Villar quien es Presidente de GAS 2000 S.A. Estación de Servicio de GNC y consideró que la crisis del gas, se está manejando con “grandes contradicciones entre las acciones y el discurso”.
Agregó Villar que “mientras los diputados sancionan leyes supuestamente pro-pymes, a nosotros se nos aplica una política que parece orientada a nuestra desaparición y nos castigan con los impuestos”.
Aseguró que si bien no se puede pretender que el gas siga costando $ 0,85 en boca de pozo, resulta indignante la manera como actualizaron los precios, especialmente en el costo impositivo con el cual “nos castigan de modo feroz”, dijo.
En ese sentido expresó: “Aranguren les dejó una esperanza a los estacioneros con respecto al precio del gas en boca de pozo, pero nos dio con un hacha con los impuestos”.
Advirtió que “hay una terrible falta de sensibilidad de los funcionarios que no conocen el problema ya que por ejemplo, no tuvieron en cuenta que en el mes de junio que tuvimos en Capital cuatro días feriados, se vendió menos y los costos se juntaron con el pago de los aguinaldos, estamos indignados, no solamente por el tarifazo, sino por el maltrato que sufrimos como argentinos”.
Pero se quejó porque a su entender, el tema no pasa solamente por el precio, sino que “es el cobro de primas por un servicio que, a veces, las distribuidoras no cumplen”.
Tildó a los costos de las facturas recibidas este mes como “sorprendentes, con plazos de pago acotados, incrementos, en algunas tasas, de hasta un 600 por ciento, con múltiples cargos en cascada, con el aumento del gas en boca de pozo, todo ello sin informar ni con una circular, ni un e-mail, ni una llamada telefónica”.
Opinó que si bien son una opción, los amparos judiciales no solucionan el tema porque “no podemos pelearnos con el proveedor porque de esta manera atentamos contra el negocio, debemos buscar coincidencias para poder salir de la crisis” y también explicó que “si tenemos firmado un contrato de entrega en firme y nos cortan el gas, merecemos una compensación inmediata, cosa que nunca tuvimos”.
Lamentó quien también es empresario del rubro automotor que “nosotros operamos en Capital Federal, de modo que sobre la venta en Paraná, nada podemos decir, pero en Gas 2000 S.A., con sede en Avenida Rivadavia 10110, nuestras ventas bajaron un 30 por ciento”.
Recordó que “el GNC es el combustible del trabajo, y de esta manera no apoyamos el trabajo, en franca contradicción con el discurso del gobierno”.
Agregó que “taxis, remises, repartidores, transporte urbano de mercaderías y alimentos, ambulancias, servicios médicos a domicilio, obreros, profesionales, suman 1.500.000 vehículos en Argentina que se mueven con este combustible”.
Afirmó que esta decisión del gobierno: “perjudica seriamente la movilidad de un muy amplio sector social, que sin ese combustible, quizás no podría usar su automotor”.
Destacó que “somos líderes mundiales en GNC, que es un combustible limpio, económico, eficiente y seguro”, lo que a su entender debe ser considerado y defendido como “un patrimonio nacional”.
Finalmente llamó la atención de las autoridades y dijo: “somos empresarios totalmente transparentes: cumplimos con todas las normas de seguridad, ecológicas, fiscales, laborales. Hay varios centenares de millones de dólares invertidos en el sector, con capital genuinamente nacional”.
Por ello aclaró que los estacioneros “no pedimos subsidios, exigimos un trato comercial ético, sensato, respetuoso de las normas y leyes, y que tenga una vocación para el diálogo”.
Amparo no alcanza a estaciones pero podrían presentarse
La suspensión del tarifazo de gas que dispuso la Cámara Federal de Córdoba por un lapso de tres meses, abrió la puerta para que los expendedores de esa provincia analicen presentar el suyo.
La medida judicial no alcanza a las estaciones pero desde el sector aseguran que algunos gremios como los taxistas y remiseros podrían presentar un recurso con la intención de que las expendedoras retrotraigan el aumento aplicado al precio del combustible a causa del incremento del costo del producto.
Al mismo tiempo, desde la Fecac celebraron la decisión del intendente Ramón Mestre de suspender el cobro durante el invierno de la tasa municipal que se aplica sobre la factura de gas, e instaron al resto de los municipios de la provincia a tomar la misma determinación.
Acivar/desactivar voz
Leer página