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El sector busca reformular el esquema de control de combustibles que considera costoso, burocrático y desactualizado. La iniciativa sería presentada esta semana y apunta a incorporar herramientas tecnológicas que simplifiquen las exigencias operativas en las Estaciones de Servicio.
El debate sobre el sistema de trazadores químicos para combustibles sumó un nuevo capítulo y promete abrir un debate de fondo entre el sector expendedor y el Gobierno nacional. Luego de los cuestionamientos planteados por representantes de las Estaciones de Servicio ante funcionarios nacionales, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina prepara una propuesta alternativa que buscará modernizar el esquema vigente y reducir la carga administrativa sobre los operadores.
La iniciativa, que según trascendió podría presentarse este jueves, apunta a reemplazar mecanismos considerados “obsoletos” por herramientas más ágiles, digitales y acordes al funcionamiento actual del mercado de combustibles. El objetivo es construir un sistema que garantice controles eficientes sin trasladar costos excesivos ni nuevas complejidades operativas a las bocas de expendio.

El conflicto comenzó tras la publicación de la Resolución General 5835/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que reglamentó un nuevo régimen de marcadores y trazadores químicos para combustibles líquidos. La norma endureció las obligaciones vinculadas a controles, ensayos y registraciones sobre combustibles exentos o alcanzados por tratamientos impositivos diferenciales.
Entre otros puntos, la resolución insiste en la realización de pruebas químicas sobre cada descarga de combustible antes de su recepción definitiva, registrar digitalmente los ensayos efectuados y reportar irregularidades en plazos muy acotados.
Desde el sector empresario aseguran que el sistema fue diseñado bajo parámetros que ya no responden a la realidad operativa actual. La principal crítica se centra en que muchas de las tareas exigidas implican costos adicionales, necesidad de capacitación permanente y una sobrecarga administrativa difícil de sostener para estaciones medianas y pequeñas.

A eso se suma la preocupación por eventuales sanciones derivadas de errores operativos o incumplimientos formales vinculados con la carga de información. En distintas entidades empresarias consideran que el régimen traslada a las estaciones funciones de fiscalización que deberían recaer sobre otros eslabones de la cadena.
En ese contexto, referentes del sector mantuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio de Desregulación para transmitir la necesidad de revisar el esquema. Según se informó, hubo receptividad oficial frente al planteo y se abrió la posibilidad de introducir modificaciones antes de la implementación plena del sistema.
La propuesta que se encuentra elaborando la dirigencia empresaria buscaría justamente avanzar hacia un modelo “más moderno y útil”, basado en herramientas tecnológicas, automatización de procesos y sistemas de trazabilidad digital que permitan mantener controles tributarios sin afectar la dinámica cotidiana de las estaciones.

En el sector sostienen que hoy existen mecanismos electrónicos capaces de monitorear movimientos de combustibles con mayor precisión que los reactivos químicos tradicionales. La incorporación de sistemas integrados de seguimiento, validaciones automáticas y plataformas online interoperables aparece como una de las alternativas que podrían incluirse en el documento.
La resolución oficial establece que la plataforma comenzará a funcionar a partir de julio y fija distintas obligaciones progresivas para refinadoras, distribuidores y expendedores. Sin embargo, las conversaciones abiertas entre el Gobierno y el sector empresario podrían derivar en cambios antes de su aplicación definitiva.
menos mal que tenemos al “ministro de desregulación y transformación del estado”, se les escapa la tortuga con estas cosas.
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