Las estaciones de servicio van buscando estrategias para mejorar la rentabilidad. En algunos casos, sus dueños consideran que es conveniente vender barato y buena cantidad, para también mantener activo el movimiento del local y aprovechar para mejorar la operatividad de otros rubros. Otros empresarios, en cambio, suben el metro cúbico al máximo que permite la demanda.

Esta disparidad entre provincias está alborotando el mercado. En Córdoba capital un grupo de operadores  rebajó el costo en surtidor de $2,70 a $1,70, ofreciendo descuentos de hasta un 40 por ciento. En promedio, la baja es de un peso por metro, situación que el resto de los expendedores denuncia como competencia desleal.

Por el contrario, en Tucumán los propietarios de autos rurales salieron a las calles a reclamar por los altos precios que alcanzó en los últimos tiempos el GNC. Se manifestaron en las bocas de expendio más trascendentes de varias localidades del sur y cortaron la ruta 38, que es donde se concentra el polo productivo – azucarero – de Tucumán. ¿El motivo? Consideran que si un expendedor puede ofrecer el gas a $2,10 es porque con ese valor la actividad es rentable. No obstante, según el Enargas el promedio se ubica muy por encima de eso.

Gustavo Sanz, vicepresidente de la Cámara de Comerciantes y Derivados del Petróleo, Gas y Afines de Tucumán (Capega) reveló que los manifestantes “coparon las estaciones y no permitieron vender ningún producto”. Considera que “el reclamo es informal y de prepo”, ya que “nunca hubo una presentación para plantear el tema”.

El detonante se produjo a partir de que un expendedor ubicó el metro cúbico de GNC a $2,10 en varios de sus locales en el sur provincial.  “La gente se pregunta si hay sobreprecios pero para nosotros con esa cifra no es viable el negocio”, explica Sanz. “No nos pudimos fundir porque un empresario esté aplicando por decisión propia una política de marketing“, expresó.

En este marco de conflicto, la policía y el Gobierno de la Provincia exige a Capega que haga las denuncias y trámites correspondientes ante las autoridades, para defenderse legalmente de los reclamos. A pesar de que solicitaron a las fuerzas de seguridad  “garantías“, se permitió el bloqueo de las estaciones e incluso de la principal arteria comercial de Tucumán. “Hicimos todas las gestiones y ahora tenemos que esperar que el fiscal intervenga”, cuestionó Sanz.

Los propietarios de autos rurales son personas que utilizan su vehículo para transportar gente desde el interior de la provincia hacia las ciudades más importantes de la zona a un importe más bajo que los taxis y remises. Por eso, las cámaras que representan a los empresarios del transporte público repudiaron la protesta y exigen que se los obligue a inscribirse formalmente en la actividad.

En cuanto a los precios, Sanz aclaró que “el último aumento fue hace diez días, a mediados de junio, de apenas 20 y 30 centavos”, para cubrir el aumento de los insumos.